Gobierno podrá usar fondos públicos en resolver crisis bancarias
Observaciones de la Presidencia a la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos habilita proporcionar financiamiento público temporal
La Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles, y con dispensa de trámites, las observaciones que envió el Presidente Nayib Bukele al decreto de Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos, en la que se añadió que se pueda usar fondos públicos en casos de crisis bancarias.
La ley, aprobada en noviembre de 2024, crea el Comité de Estabilidad Financiera e inicialmente se estableció entre sus facultades que pueda emitir opinión favorable a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para que ésta declare que una crisis financiera es de «carácter sistémico».
Pero en las observaciones de Bukele se añadió al declarar esa crisis «a fin de utilizar fondos públicos de conformidad con el artículo 53».
El artículo 53 original decía que declarada la Crisis Sistémica y que para la implementación de la medida de banco puente los fondos del Instituto de Garantía de Depósito sean insuficientes, el Estado a través de cualquier Institución Pública «podrá apoyar financieramente» el proceso de resolución.
Con la nueva redacción, queda establecido que declarada la crisis y los fondos del Instituto sean insuficientes «el Estado a través de cualquiera de sus instituciones del Órgano Ejecutivo, con excepción del Banco Central de Reserva y los bancos públicos, podrá proporcionar financiamiento público temporal para apoyar la medida de resolución».
Y define algunas condiciones, entre esas que la SSF considere que dicho financiamiento público temporal sea necesario para asegurar la estabilidad del sistema financiero; o que las posibles fuentes de financiación privada se hayan agotado o no sean suficientes.
Usar préstamos
El decreto aprobado en noviembre ya establecía la facultad del BCR de aprobar créditos de liquidez a bancos y sociedades de ahorro y crédito. Las observaciones mantienen esa facultad y se añadió que se usarán recursos de préstamos externos.
«El Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador, en defensa de los derechos de los depositantes y con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema financiero, podrá conceder créditos o cualquier otra forma de financiamiento de liquidez con recursos de organismos financieros internacionales o regionales, bancos centrales u otros estados, a los bancos, sociedades de ahorro y crédito y otros bancos regulados conforme a la leyes vigentes, para atender retiros de depósitos», dice el artículo 11 modificado.
Estos créditos se otorgarán «únicamente» en caso de deterioro estructural de la liquidez de una o más instituciones; para prevenir situaciones de iliquidez general del sistema financiero; para restablecer la liquidez en caso de una crisis causada por una fuerte contracción del mercado; y en calamidad Pública.
Sin estudio
En la plenaria, el diputado Francisco Lira, de ARENA, pidió que las observaciones se enviaran a la comisión respectiva en lugar de aprobarlas sin mayor estudio, pero no obtuvo el apoyo de Nuevas Ideas.
«Fondos públicos no deben usarse para rescatar instituciones privadas», dijo a El Diario de Hoy.
Situación que calificó de «preocupante». «Esto significa que, si un banco o cooperativa se maneja mal, serán los salvadoreños quienes paguen la factura, ya sea con sus impuestos, con más deuda que después todos tendremos que cubrir o con menos recursos para salud, educación y seguridad», agregó.
Además, considera que este tipo de medidas generan un «riesgo moral», pues los bancos pueden asumir más riesgos «sabiendo que, al final, será el Estado quien salga a salvarlos. En cambio, las micro y pequeñas empresas que sostienen el empleo nunca reciben ese tipo de rescates».
«La estabilidad financiera es importante, pero no puede construirse a costa del bolsillo de la gente, ni en base a cheques en blanco para instituciones privadas. Se necesitan candados, transparencia y control legislativo para que ningún salvadoreño termine pagando los errores de otros», dijo Lira.
El economista Rafael Lemus señaló que es un problema derivado de la dolarización, porque el BCR no tiene recursos atender una crisis. El problema de estos esquemas es para quién se usará. «Se va a usar para un banco que gestionó mal la operación, porque estamos hablando de problemas de solvencia de un banco», dijo.
Es decir, el riesgo es que los bancos que gestionan bien, dan aportes «para el banco que gestionó mal».
Además, en las observaciones se eliminó de la redacción todas las menciones de cooperativas de ahorro y crédito y sustituyen la mención de la Ley de Bancos Cooperativos por «leyes que regulen otros bancos».
En cuando al consejo directivo del Instituto, será conformado por dos representantes del BCR, dos directores por el Ministerio de Hacienda y dos directores por la SSF. Se quitó los directores propuestos por Economía, Colproce y las universidades.
Por su parte, el presidente Bukele dijo estar de acuerdo con la ley y que solo eran necesarias modificaciones puntuales.
«Es necesario manifestar que el suscrito se encuentra totalmente de acuerdo en la necesidad de dotar de las herramientas a la Superintendencia del Sistema Financiero que le permitan mantener el buen funcionamiento del sistema financiero a pesar de la presencia de eventos adversos, conservando la confianza en el mismo y manteniendo el desempeño normal de la economía», expuso en la correspondencia.
