Acción Ciudadana (AC) divulgó este miércoles los resultados de su “Scorecard transparencia activa 2025” que reflejan que ninguna de las 38 instituciones públicas evaluadas cumple a cabalidad con su obligación de divulgar información pública, con un promedio del 35%.

“Este porcentaje representa una disminución de seis puntos porcentuales respecto de 2024, ya que ese año el promedio de cumplimiento fue de 41%. Esto muestra la tendencia de que es menos la información que las instituciones están publicando en sus portales de transparencia”, expuso.

La organización señaló que desde 2020 se desconoce evaluaciones de este tipo por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ente responsable de evaluar el desempeño de las entidades obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La evaluación corresponde al nivel de cumplimiento de divulgación de información oficiosa por parte de las instituciones públicas, establecida en el artículo 10 de la LAIP y es aquella que se debe publicar sin que medie una solicitud, sino que debe actualizarse forma proactiva en sus páginas web de transparencia; pero se observa un alto nivel de incumplimiento.

La institución que obtuvo el mayor puntaje de cumplimiento fue el Consejo Nacional de la Judicatura con un 69%. Aunque a pesar de ser la mejor calificación obtenida del monitoreo de este año aún es un porcentaje bajo “considerando que conforme a la ley, es el 100% de información que debió estar publicada y actualizada”, destaca el informe.

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Asimismo, el Ministerio de Cultura y el de Relaciones Exteriores también fueron los mejores evaluados con un porcentaje de cumplimiento de 67% y 64%, respectivamente.

En cuanto a los tres órganos fundamentales se destaca que ninguno alcanzó ni la mitad de cumplimiento que exige la LAIP.

Otras que lograron un resultado de cumplimiento medio fueron el Ministerio de Turismo, con 63%; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con 61%; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con 60%; el Ministerio de Hacienda, con 58%; el Instituto Salvadoreño de Bienesta Magisterial (ISBM), con 56%; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con 52% y el Ministerio de Salud, con 51%.

Luego, 28 instituciones tiene porcentajes entre 48% y el 1% de cumplimiento, en este último caso corresponde a la Universidad de El Salvador (UES).

El Órgano Judicial obtuvo el 39% de cumplimiento, la Presidencia de la República el 17% y la Asamblea Legislativa apenas cumplió en un 10% su obligación de publicar la información oficiosa.

“Los datos obtenidos muestran que el Órgano Judicial cumplió 3 de las 10 obligaciones adicionales. Por su parte, tanto el CNJ como el TSE solo cumplieron 2 de las 6 obligaciones adicionales. La Asamblea Legislativa solo cumplió una de sus 7 obligaciones adicionales y el Ministerio de Hacienda publicó una de sus 2 obligaciones adicionales. Las entidades con resultados negativos fueron la Presidencia de la República y la CCR en tanto no cumplieron ninguna de sus obligaciones adicionales”, señaló el monitoreo.

De las institución de control fue la Fiscalía General de la República la que obtuvo el porcentaje más bajo, con un 5%.

“En los monitoreos anteriores también ha sido la institución que ha obtenido los porcentajes más bajos de cumplimiento. Y es que su información no ha sido publicada aproximadamente desde el año 2020-2021”, dice AC.

Mayoría en disminución

En comparación al resultado de 2024, el monitoreo de este año refleja que 11 instituciones presentaron un aumento, por ejemplo el Viceministerio de Transporte (VMT), pasando de 15% a 35%. Luego el Ministerio de Vivienda subió de 16% el año pasado a 29% este año; pero ambos siguen con menos de la mitad del cumplimiento.

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Mientras que el Ministerio de Hacienda tuvo un aumento del 11%, pasando del 47% el año pasado al 58% para este año.

Y por el contrario, se observa que 25 entidades retrocedieron en su nivel de cumplimiento en 2025, al mostrar una disminución respecto de 2024. En ese sentido, las instituciones que presentan una caída drástica son el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con un -56% y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con un -37%.

“Con base en los datos mostrados, se observa que la tendencia es el retroceso en materia de transparencia activa”, expuso AC.

Tipo de información

La LAIP establece 27 parámetros de información oficiosa que deben publicar las instituciones.

El tipo de información que obtuvo el porcentaje más bajo fue el de ofertantes y contratistas con un 9%. Esta obligación ha sido de las menos cumplidas, por ejemplo, en 2024 apenas obtuvo un 5%.

Ley de Compras Públicas regula dicha obligación pero la información debe estar alojada en COMPRASAL. “Asimismo, en los portales de transparencia de cada institución se verificó que se ha eliminado este apartado. En ese sentido, el 9% de cumplimiento obedece a actas de inexistencia emitidas por algunas instituciones aclarando que por la nueva Ley ya no se publicará dicha información”, advierte.

Luego, solo hay un 14% de cumplimiento en la divulgación del directorio y currículos de los funcionarios públicos, es decir, las hojas de vida con la experiencia laboral y cargos que desempeñan las personas que dirigen y administran a las entidades estatales.

En cuanto a la publicación de sus presupuestos, solo se cumplió el 30% de esa información. Mientras que la divulgación de remuneraciones, viajes y el índice de información reservada se cumplió en apenas el 34%.

“Las instituciones públicas cada vez publican menos información, amparadas en que es baja la posibilidad de una sanción por dicho incumplimiento. De igual forma, la poca demanda social para que las instituciones sean transparentes, puede ser un factor que incide en esta tendencia a la baja”, es una de las conclusiones del informe.