La agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) Global afirma en su reciente informe sobre El Salvador que el crecimiento económico del país se verá limitado por diversos factores, pese a las mejoras en seguridad pública.

«Apesar de un aumento sustancial en la seguridad pública y los compromisos políticos que deberían aumentar la resiliencia económica, el crecimiento del PIB se verá limitado por la volatilidad de las condiciones mundiales, la infraestructura insuficiente, aunque en mejora, de El Salvador y la escasez de mano de obra cualificada», dice en el documento divulgado por S&P.

La agencia ratificó el 18 de agosto de 2025, sus calificaciones crediticias para El Salvador en ‘B-/B’, con una perspectiva estable a largo plazo. Y en su informe analizó diversos factores que influyen en la economía salvadoreña.

Por ejemplo, plantea que la solvencia del país se ve limitada por un «marco institucional débil y una gestión económica deficiente», que han provocado dos incumplimientos de pagos con fondos de pensiones privados en los últimos 10 años, de los cuales el actual gobierno tiene 6 en el poder.

«También se ve limitada por un crecimiento económico moderado, que ha mantenido al país en una situación más pobre que la de muchos países con calificación crediticia similar y ha contribuido a la debilidad fiscal y a un elevado nivel de deuda pública», señala la agencia.

Asimismo, considera que el fuerte aumento de las remesas en 2025 «probablemente sea temporal» y se deba a la incertidumbre de la comunidad salvadoreña en EE. UU. sobre el nuevo impuesto del gobierno estadounidense a las remesas en efectivo y una política migratoria más estricta.

«Aun así, se espera que las entradas de remesas representen el 25 % del PIB entre 2025 y 2028 y estén impulsando el crecimiento del consumo y del PIB», indica.

La agencia considera que con los flujos de remesas y la mejora de la seguridad pública espera que el PIB crezca anualmente un 2.5% entre 2025 y 2028. Para ello, apunta que será necesario contar con la capacidad del gobierno para ampliar la infraestructura y fortalecer su capital humano.

El acuerdo con el FMI también fue parte de su análisis y destacó que el cumplimiento de los compromisos del gobierno en virtud del acuerdo «podría mejorar su capacidad a largo plazo para cumplir con sus obligaciones de deuda».