Seis organizaciones de la sociedad salvadoreña han solicitado tanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que esta última observe el proceso de elección de magistrados a la CSJ.
La solicitud fue enviada a ambas organizaciones y firmada por los máximos representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), y Techo - El Salvador.
“Con el propósito de preservar el equilibrio de poderes, solicitamos al Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Dr. Francisco Guerrero, el envío de una misión especial de observación del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fungirán en sus cargos entre los años 2018 y 2027”, afirman dichas entidades en una carta enviada en diciembre del año pasado.
De acuerdo a las organizaciones, la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional -una renovación casi total de la Sala- representa una “situación de alto riesgo para la estabilidad democrática del país”, dadas las amenazas realizadas en contra de la integridad de los actuales magistrados. “Las manifestaciones de algunos políticos en contra de la Sala de lo Constitucional deben interpretarse como un grave retroceso al principio de separación de poderes que caracteriza a todo sistema democrático”, agregan las organizaciones en su petición.
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Antecedentes de observación en la región
En la solicitud, las instituciones de sociedad civil citan el caso de Ecuador en 2005, cuando la OEA envió una misión especial para observar la elección de jueces de la Corte ecuatoriana. Otro caso más reciente es el de Bolivia, donde se realizaron “elecciones judiciales” con el acompañamiento de una misión de observadores de la OEA.
En este contexto, las organizaciones invocan la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, el cual establece que “la separación e independencia de los poderes públicos” es un principio esencial de la democracia representativa.
Por otra parte, el artículo 18 de la misma Carta, la cual es parte del ordenamiento jurídico salvadoreño, habilita la intervención de la OEA cuando “se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder” en uno de los estados miembro.