El Acuerdo de Paz de 1992 introdujo cambios estructurales al sistema político salvadoreño. Entre las medidas más destacadas se encuentran la reducción de funciones de las Fuerzas Armadas, con la creación de un nuevo cuerpo policial civil, y la inserción del FMLN al mapa electoral con nuevas garantías para la celebración de elecciones libres y plurales.
Sin embargo, un cambio menos visible, pero de similar trascendencia a los anteriores, fue el establecimiento de un nuevo sistema para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por tanto de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia en el país encargado de hacer cumplir la Constitución de la República.
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El nuevo sistema, introducido con la reforma constitucional de 1991, estableció que la Asamblea Legislativa renovarían con el voto de dos tercios de los diputados a la CSJ, de forma escalonada y de una lista de candidatos enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura y las asociaciones de abogados.
A 26 años de la paz acordada en Chapultepec, la democracia salvadoreña se encuentra a prueba ante una nueva renovación, casi total, de la Sala de lo Constitucional; un actor que si bien ha cobrado mayor atención en la opinión pública en los últimos meses, siempre ha sido sujeto de presiones por su relevancia en el control del poder político.
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La Sala de la que el FMLN de oposición exigía independencia
En diciembre de 2005, el dirigente histórico del FMLN, Schafik Hándal, denunció en un recordado discurso que la Constitución era en realidad “una especie de cadáver insepulto, acribillado a puñaladas que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle homenaje”. El argumento del entonces legislador se basaba en las constantes violaciones a los derechos constitucionales ante una Sala de lo Constitucional pasiva.
“Lo más preocupante de todo es que tampoco hay a quién acudir con la seguridad de que estos preceptos constitucionales serán defendidos”, advirtió el ya fallecido político en referencia a la Sala de lo Constitucional de aquel momento. Sin embargo, durante los últimos años, el ahora partido en el gobierno ha insistido en neutralizar a dicha Sala -primero junto con ARENA en 2011, con el controversial decreto 743, y al año siguiente junto con el bloque legislativo de GANA, PCN y PDC.
Una nueva elección
Los diputados que se elijan el próximo 4 de marzo deberán renovar a la Sala de lo Constitucional en julio de este año. Al respecto, distintas organizaciones ciudadanas han exigido a los candidatos a diputados a asumir compromisos puntuales. En esa dirección, el Centro de Estudios Jurídicos ha solicitado una elección de magistrados sin retraso, sin secretismo, sin cuotas partidarias, sin traslados y sin reciclajes.
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La principal demanda de muchas entidades es que se elijan a personas independientes de organizaciones partidarias o de otros grupos de poder. Una vez más, lo construido desde 1992, estará a prueba.