La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 72 votos distribuir un total de $67.9 millones provenientes de $80.9 millones que el gobierno ha recolectado del impuesto a la telefonía destinado para la seguridad en lo que va del año, a distintas instituciones, entre ellas, para el pago de los bonos de los policías, soldados y custodios de centros penitenciarios.
Quedó pendiente de asignar $13 millones; sin embargo, los diputados lograron ponerse de acuerdo para evitar que, del dinero que paga la población para que el gobierno mejore la seguridad, se trasladaran $11.1 millones para uso de la Presidencia de la República.
Resuelto eso, el pleno avaló que la bonificación que abarca todo el año se distribuirá entre 23,313 agentes de la Policía; 2,558 agentes de seguridad de Centros Penales; 15,167 soldados de la Defensa Nacional; además de 280 agentes de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia.
Para el compromiso del bono de $300 para los policías, se asignaron $20.9 millones que incluye también a supernumerarios y motoristas de apoyo a la labor policial; para miembros del Ejército $13.5 millones para cancelar el bono de $300 de lo que resta del año destinado a oficiales, suboficiales, y elementos de tropa que apoyan a la PNC en las tareas de seguridad. Otros $8.7 millones son para financiar gastos operativos de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.
Dentro de los $67.9 millones están incluidos $41 millones para el ministerio de Justicia y Seguridad para costear diferentes iniciativas; $4 millones para la Fiscalía; $500,000 para la Procuraduría General de la República; y $150,000 para la Procuraduría de Derechos Humanos.
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Según Yanci Urbina, del FMLN, con el bono se incentiva las tareas de seguridad y el trabajo entre diferentes instituciones del Estado.
“Esto da cumplimiento a los proyectos del programa El Salvador Seguro e incentiva al personal policial, además que vela por que se cumplan planes de seguridad específicos en centros escolares, unidades de transporte colectivo y zonas rurales, es el resultado del financiamiento de los salvadoreños a la seguridad”, dijo Urbina.
Explicó que con el dinero aprobado se garantiza el bono hasta diciembre ante la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional anule el impuesto a la seguridad.
Sin embargo Mauricio Vargas, de ARENA, criticó la nueva transferencia financiera, ya que el dinero no está dando los resultados esperados y que los salvadoreños siguen viviendo la difícil situación de inseguridad en las calles.
“Yo les pregunto a los salvadoreños: ¿ha mejorado su seguridad? Tenemos que ser serios y medir los resultados, son más de $260 millones que hemos aprobado y asignado en los últimos años y no vemos que la situación mejore, estamos apoyando esta iniciativa pero exigimos resultados”, matizó Vargas.
Antonio Almendáriz, del PCN, consideró que no se puede debilitar el financiamiento de la seguridad pública por intereses partidarios, aunque recordó que se deben de crear instrumentos y mecanismos de verificación de lo que se está haciendo con este impuesto.