La Asamblea Legislativa tiene el compromiso y el deber de evaluar con estricto rigor los requisitos de los 33 candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la República.
Entre ellos se debe evaluar la moralidad notoria y su independencia de partidos políticos, según lo que expresaron varios ponentes que participaron en el evento internacional denominado "La Elección del Fiscal General en El Salvador: los desafíos pendientes".
Ronald Gamarra, ex Procurador Anticorrupción de Perú, insistió en que la elección del fiscal es una oportunidad para El Salvador, aunque la elección por la vía política no es la mejor fórmula, dijo que se deben tomar los criterios para seleccionar a un apersona que sea independiente de las instituciones políticas, grupos económicos y otros poderes.
"No estamos escogiendo a un simple investigador, sino a un estratega, el que decidirá qué se investiga y qué no", expresó Gamarra.
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Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, indicó que el nuevo fiscal debe reunir el requisito de moralidad notoria frente a las instituciones del Estado, en donde no tenga juicios pendientes con ellas; pero además, debe ser competente.
Para ello, la anterio Sala de lo Constitucional dejó una especie de guía en una de sus sentencias, donde dejó establecido que el candidato a ocupar el cargo a fiscal u otro de segundo grado, no debe de pertenecer a ningún partido político, indicó.
El Ex fiscal Anticorrupción de Perú, también opinó sobre la reelección del fiscal general, independientemente de quien sea, y dijo que "si es un buen fiscal, porqué no reelegir lo?" Sin embargo, dejó claro que para ello de le deben poner "contrapesos, cuestionarlo y darle seguimiento por parte de la sociedad civil", aseguró.
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Otro de los participantes fue Abraham Ábrego, director de Incidencia Fundación CRISTOSAL, criticó que dentro de los procesos de elección que lleva a cabo la Asamblea Legislativa no existan mecanismos para impugnar candidatos, "lo que se vuelve una limitante", indicó.
Ábrego también lamentó que existan "reuniones privadas" para poder llegar a acuerdos para la elección de un funcionario de segundo grado (como ocurrió con los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ese tipo de reuniones "no se encuentran en los estándares internacionales" de elección, explicó.