Otra orden de captura emitió ayer el Juzgado Cuarto de Paz contra Enrique Rais, vinculado en el caso conocido como Operación Corruptela por supuestos sobornos entregados al exfiscal Luis Martínez a cambio de beneficios.
Esta es la segunda orden de detención que le giran a Rais por supuestos actos de corrupción en el sistema judicial.
El Juzgado Octavo de Instrucción confirmó el 18 de septiembre pasado la detención de Rais por supuestamente haber falsificado pruebas con las que acusó de estafa a un matrimonio, aparentemente con la complicidad del exfiscal Luis Martínez, quien tiene dos años de estar detenido por ese caso.
Además de Rais, el referido juzgado ordenó las capturas de Hugo Blanco Rais, Aldo Parducci y Francisco José Paredes, vinculados al mismo caso Operación Corruptela.
A los cuatro se les decretó la detención porque no se presentaron a la audiencia inicial y solo enviaron a sus abogados defensores, según fuentes judiciales.
“Por considerar que se ha acreditado la probable existencia de los hechos que se les atribuye a los mismos y probable participación de ellos”, dijo uno de los fiscales. Agregó que también “ellos no han tenido a bien presentarse voluntariamente, no obstante, los constantes llamamientos que se les han realizado para esta audiencia”.
Rais y Blanco Rais están acusados de haber dado dádivas al exfiscal, como haber facilitado sus aviones privados para que Martínez realizara 92 viajes al exterior durante su gestión al frente del Ministerio Público. Los viajes están valorados en 1.2 millones de dólares.
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Además le proporcionaron cuatro vehículos de lujo y dinero en efectivo con el propósito de que el exfiscal Martínez los favoreciera en siete casos de investigación enviados a los tribunales de justicia.
Debido a que Enrique Rais, supuestamente se encuentra en Suiza, la Fiscalía General pedirá al juzgado que emita la orden de detención internacional para enviarla a la Interpol.
El abogado defensor de Enrique Rais planteó que “existe una especie de traslape entre ambas investigaciones, sentimos que muchas de las cosas que se han argumentado acá perfectamente pudieron haberse agregado como elementos amplificadores en el caso número uno, del año 2016 y que estimamos que esto podría conducir a una doble persecución”.
En el caso de Aldo Parducci, lo señala Fiscalía de haberle hecho un “préstamo” de 220 mil dólares para el pago de la hipoteca de la vivienda de Martínez. Sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron que el contrato realizado entre Martínez y Parducci era simulado o falso, y que el dinero era una dádiva de Parducci para obtener beneficios.
En consecuencia, Martínez arrendó un edificio en la carretera a Santa Ana, donde funciona el Archivo General de la Fiscalía. El inmueble es propiedad de una sociedad en la que Parducci es accionista y representante legal de misma.