La investigación del inconcluso proyecto de la presa El Chaparral es uno de los casos que, según el Fiscal General Douglas Meléndez, encontró “engavetado” a su llegada al Ministerio Público.
Con la revelación del caso de corrupción dentro de la Fiscalía General denominado “Operación Corruptela”, Meléndez aseguró que el exfiscal Luis Martínez recibió dádivas del prófugo Mauricio Funes para que no investigara su posible vinculación con el pago irregular de 108.5 millones de dólares a la empresa Astaldi, con la obra en un 33 por ciento de avance.
Meléndez dijo el martes pasado que tuvo que relanzar la investigación de El Chaparral porque estaba “engavetado”, pero que ahora, con las nuevas indagaciones de un equipo especial, se ha comenzado a tener interesantes resultados.
“El caso ha sido retomado por un grupo especial, por un grupo aparte, y se están haciendo muchas indagaciones que están teniendo resultados interesantes a este momento”, dijo Meléndez.
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Sin embargo, no ahondó si el expresidente Funes podría ser acusado en el caso de El Chaparral, solo dijo que se han hecho muchas indagaciones, pero que las investigaciones están abiertas.
El exfiscal Martínez anunció en el 2013 investigaba a Funes por el acuerdo entre Cel y la empresa Astaldi, supuestamente suscrito de manera ilegal, en el que la autónoma le entregó 108.5 millones de dólares por la obra inconclusa, a pesar de muchas irregularidades.
Esa millonaria cantidad incluía unos $80 millones por las obras realizadas (33 %) más otros $28.7 millones que incluían un “costo-beneficio” para evitar un arbitraje internacional.
La empresa Astaldi sustentó sus argumentos para paralizar los trabajos de construcción de la presa en que hubo “imprevistos imprevisibles”, una situación que fue cuestionada por equipos técnicos de Cel.
Pese a que Martínez dijo que se había abierto un expediente de investigación en contra de Funes, pasó el tiempo y las investigaciones nunca prosperaron.
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“La investigación de El Chaparral, lamentablemente, no había sido bien depurada, lo que hemos hecho es volver a reactivar la investigación”, dijo el Fiscal Meléndez en junio de 2016 en la presentación de su informe anual en la Asamblea Legislativa.
Los “imprevistos imprevisibles”
La obra fue abandonada a finales de septiembre del 2011 por la empresa italiana Astaldi, que insólitamente alegó “imprevistos imprevisibles”, en la margen derecha de la montaña donde se asentaría el dique de la presa.
Ese fue el argumento de la constructora para suspender de manera indefinida los trabajos de la represa El Chaparral que tendría un costo original de $220 millones y que ahora terminará costando $376 millones.
A pesar de que la referida empresa dejó inconclusos los trabajos, sin aparente justificación, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le terminó pagando inexplicablemente esa millonaria cantidad de dinero.
El primero que defendió el pago supuestamente ilegal fue Funes, justificando que era lo mejor, porque la empresa italiana se iría a un arbitraje internacional.
“¿Cuál es el delito?”, se preguntó Funes y agregó que “si el presidente de CEL no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje internacional que le implicaría una erogación mayor al Estado, pérdida de tiempo y parálisis de la obra, la decisión fue legal”, justificó.
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También Funes aseguró que el acuerdo entre Cel y Astaldi no violaba la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El contrato que suscribieron las dos partes, Cel y Astaldi, era “llave en mano” , es decir, que no se podía realizar modificaciones ni pagar costos adicionales.
Además obligaba al contratista italiano a entregar la central hidroeléctrica, asumiendo costos y nuevos diseños.
Ley LACAP establece que en los contratos “llave en mano” (como en el caso de El Chaparral), la obra tiene que entregarse terminada y no tenía que haberse pagado más de lo acordado o ejecutado.
A pesar de la justificación técnica que dio Astaldi, la autónoma Cel alegó que habían evidencias de los supuestos movimientos planteados en la margen derecha de la montaña que respaldaran la emergencia que la constructora alegó para abandonar los trabajos.