Cuatro trabajadores del Juzgado de Paz de Las Vueltas, Chalatenango, y un representante del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (Sinejus) fueron arrestados, la tarde del jueves, por el delito de desórdenes públicos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La fuente reveló que el secretario, el notificador, la colaboradora judicial, la ordenanza y en sindicalista están recluidos en la Delegación de Chalatenango.
Desde el 16 de agosto pasado, ellos mantenían suspendidas las labores y le impedían a la jueza Hilda Orantes ingresar a la sede judicial. A falta de una oficina, ella estuvo haciendo su trabajo en la Unidad de Salud de la localidad, en el parque central y un comedor particular.
La medida de los empleados era en protesta contra la funcionaria, a quien acusan de violación del derecho de ascenso, acoso laboral y discriminación. Por ello, el 4 de septiembre, pidieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que Orantes fuera trasladada hacia otro juzgado y, en su lugar, fuera nombrado otro juzgador.
Orantes ha rechazado los señalamientos y sostiene que ha actuado conforme a la ley, por lo que cree que la solicitud que han hecho sus subalternos para que a ella se le cambie de juzgado carece de fundamento.
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El 20 de agosto, la jueza denunció en la Fiscalía General de Chalatenango y en la PNC la toma de la sede judicial y la obstrucción de la justicia.
El miércoles anterior, cuatro asociaciones de jueces dieron una conferencia en la que mostraron su respaldo a Orantes y pidieron al Ministerio Público y a la PNC que recuperaran el control de la sede judicial para que se pudiera reanudar el trabajo.
“La función que realiza un juez de paz en un municipio es vital para el Estado de Derecho (porque) es a quien acuden los ciudadanos para que se le tutelen sus derechos…Este tipo de medidas que se están realizando devienen de un activismo carente de legitimidad”, expresó Cesia Romero, magistrada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia.
Lo que desencadenó el conflicto
El cese de labores en el Juzgado de Paz de Las Vueltas empezó cuando la jueza designó como secretario interino a una persona externa del juzgado, luego de que el titular pidió un permiso de 40 días.
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Israel Alemán, representante del Sinejus, señaló que quien debía asumir el cargo temporal era la colaboradora jurídica pero Orantes le impidió hacerlo.
Además, el secretario, el notificador y la ordenanza acusan a la funcionaria de acoso laboral, pues aseveraron que les ha pedido que renuncien pese a que están contratados por la Ley de Salarios.
los jueces señalaron que el nombramiento que hizo Orantes fue con base a los artículos 21 y 33 de la Ley de Servicio Civil. Además, sostuvieron que hay una resolución de Corte Plena, del 5 de octubre de 2017, en donde se expresa que los ascensos no pueden ser automáticos, sino que están sujetos a la comprobación de las capacidades técnicas del solicitante.
Los jueces aclararon que los sindicatos tienen una finalidad legítima en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero consideraron que el reclamo de las reivindicaciones laborales no pueden hacerse de forma violenta, ya que existen mecanismos legales para hacerlos y sin afectar a los usuarios.