El abogado particular Carlos Castellón pidió a la Fiscalía General investigar a los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente a los de la Comisión Política, por el supuesto delito de sedición.
Según él, ellos han hecho acciones “egocentristas y de intereses desconocidos” que han impedido, “por actos indirectos”, elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Castellón señala se ha basado en el artículo 341, numeral 2, del Código Penal que señala que “serán sancionados con prisión, de diez a quince años, quienes sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional se alzaren pública y tumultuariamente para... impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir las providencias administrativas o judiciales”.
Él advierte que la no integración de la Sala de lo Constitucional provoca la “obstrucción intencionalmente dolosa, el cumplimiento de providencias administrativas y judiciales que vulneran y lesionan la consecución de la justicia”.