El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó un decreto de la Asamblea Legislativa que prohibe la venta de la isla Perico a extranjeros.
Los diputados aprobaron recientemente la normativa para blindar esos territorios, en el Golfo de Fonseca, en momentos que ha salido a la luz el interés de empresas chinas de adquirir propiedades en esa zona y ante denuncias de instalar incluso “bases militares”, que ha despertado las sospechas de políticos.
Este decreto reformó el Código Civil el 24 de agosto anterior, para prohibir que los extranjeros adquirieran islas, islotes, cayos o cualquier territorio insular.
La reforma se aprobó en momentos que se incrementaron las denuncias de que empresarios de China Continental pretendían comprar propiedades en las islas Perico y Periquito a un costo de $2 millones.
Sin embargo, el Ejecutivo envió vetada dicha reforma de ley, lo que motivó cuestionamientos de algunos grupos parlamentarios, en especial del partido ARENA (nota aparte).
El veto de Sánchez Cerén argumenta que es “inconstitucional” dicha reforma de ley y que vulnera principios constitucionales sobre el derecho a la propiedad de los extranjeros.
“El decreto de mérito incorpora en el Código Civil un artículo que establece un trato diferenciado para la transferencia de la propiedad, ya sea pública o privada, en razón de la nacionalidad, lo cual crea una restricción legal dirigida a las personas que no ostenten la calidad de salvadoreñas por nacimiento, respecto al derecho a la propiedad consagrado como derecho fundamental, en el inciso primero, del artículo 2 de la Constitución de la República”, argumenta de entrada el Ejecutivo.
Sánchez Cerén sostiene que los legisladores están estableciendo nuevo parámetros para la venta de inmuebles propiedad del Estado o de particulares, distintos a los establecidos en la Carta Magna.
“...El suscrito considera que a través del Decreto aprobado por la honorable Asamblea Legislativa se está fijando un nuevo límite al derecho de propiedad, pública o privada, por parte de los extranjeros, trastocando la regla ya establecida en la Constitución de la República, al permitir su acceso solamente a personas salvadoreñas de nacimiento, excluyendo a las personas extranjeras”, apunta el veto del mandatario.
Agrega que los extranjeros podrían acceder a la compra de propiedades en El Salvador, solamente si se acude a los diputados para que aprueben con mayoría calificada; es decir, con 56 votos, con base a la normativa reformada.
El presidente Sánchez Cerén advierte además sobre los riesgos y consecuencias que podría acarrear la reforma al Código Civil aprobado por los legisladores sin los votos del FMLN y con las objeciones hechas por GANA.
“....Estimo que las razones explicadas son suficientes para advertir una reforma legal no justificada, por cuanto so pretexto de proteger la soberanía nacional y la integridad del territorio, se afecta severamente hasta anular los derechos de propiedad de los titulares actuales en toda la República, lo cual lesiona la base del régimen de propiedad de la tierra, contra disposiciones constitucionales expresas”, añade el veto.
“Por lo expuesto anteriormente, hago uso de la facultad que la Constitución de la República me concede en su artículo 137, inciso primero, VETANDO el Decreto Legislativo No. 105, por las razones de INCONSTITUCIONALIDAD ya señaladas...”, reza el veto.
Otros vetos
El Ejecutivo también vetó la iniciativa aprobada el 16 de agosto, que reformó el artículo 6 de la Ley de Fosalud que incluía a representantes de instituciones comunitarias como Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña y Cruz Roja Salvadoreña en el Consejo Directivo de Fosalud. En este caso, Sánchez Cerén argumenta que viola el principio de igualdad.
Ya anteriormente el Presidente Salvador Sánchez Cerén había vetado una reforma que hicieron los diputados para la distribución de 800 toneladas de arroz que donó el gobierno de Taiwán a El Salvador y que sería repartido a agricultores de 143 municipios afectados por la sequía y en extrema pobreza.
Ese veto provocó un enconado debate entre legisladores del partido ARENA y del FMLN, quienes trajeron a cuenta la sorpresiva ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, que data de más de 80 años por parte del gobierno efemelenista, para entablar nexos con la República de China Popular.
De hecho, ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano denunció que el presidente Sánchez Cerén no ha sancionado el decreto legislativo que declaró “Noble Amiga de El Salvador” a la embajadora de Taiwán, Florencia Miao-hung Hsie por sus “grandes aportes para el desarrollo social de El Salvador”.
“No lo sanciona, no lo veta, no lo observa, sencillamente lo deja pasar y la Constitución es muy clara que si él no sanciona, no observa y no veta, y pasa el tiempo estipulado por la Constitución, el presidente de la Asamblea Legislativa lo manda a publicar”, dijo Quijano.
Asimismo, el mandatario envió días atrás a la Asamblea Legislativa otro veto a la reforma que los diputados hicieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y que pretendía darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), lo que ha puesto en riesgo al país de que sea expulsado de organismos internacionales que comparten datos de inteligencia financiera.
Los vetos presidenciales se dan en momentos en que no existe Sala de lo Constitucional, que es la llamada a dirimir ese tipos de vetos por inconstitucionalidades.
Si los diputados lograran superar el veto, para lo cual requieren mayoría calificada (56 votos), sería la Sala de lo Constitucional quien dirimiera el asunto.