Con el decomiso de 922 propiedades valoradas en más de 147 millones 400 mil dólares, entre los que destacan ranchos de playa, hoteles, empresas, restaurantes, lujosos vehículos y residencias, la justicia salvadoreña comenzó a pasarle la factura a los delincuentes y al crimen organizado.
Para despojar de esos bienes y dinero al crimen organizado, en 2015 entró en escena el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, respaldado por la Ley de Extinción de Dominio.
El proceso para demostrar el origen ilegal de los bienes no es fácil pero, aunque tarde, la justicia llega. De los casos sometidos al proceso de extinción de dominio, 107 propiedades, valoradas en 3 millones 725 mil 415 dólares pasaron a manos del Estado, lo que equivale al 2.5 por ciento de la totalidad. De igual forma, 16 posesiones valorados en 557 mil 208 dólares (equivalente al 0.37 por ciento del total) fueron devueltas a sus propietarios, al no demostrarse el origen ilícito.
Pero el trabajo no se detiene. La Fiscalía General de la República está promoviendo la recuperación de otros bienes por un monto de $143,117,377 millones que, según esa entidad tienen origen ilícito.
Por ejemplo, el 10 de julio la Fiscalía coordinó con el CONAB el proceso para despojar suntuosas propiedades del expresidente Elías Antonio Saca, quien reconoció en un juicio penal abreviado que desvió a sus cuentas personales dinero del Estado. Según la Fiscalía, él y otros los acusados en el caso Saqueo Público, sustrajo más de $300 millones entre 2004 y 2009, pero de estos, por el momento las autoridades solo han intervenido bienes cuyo valor oscila entre 25 y 40 millones, un diez por ciento del monto total.
En un proceso judicial paralelo de extinción de dominio y como parte de la recuperación de bienes, las autoridades le incautaron una mansión localizada en cantón El Carmen, en la colonia Escalón, en San Salvador, valorada en más de 8 millones de dólares sin contar, otros 34 inmuebles, 46 vehículos, cuentas bancarias, 86 frecuencias o permisos para operar 16 estaciones de radio. El Fiscal General, Douglas Meléndez, impresionado, bautizó la mansión de Saca como “el monumento a la corrupción en El Salvador, es un palacete que su servidor no había visto nunca”.
Al igual que en los casos de corrupción, con esta ley las pandillas, el narcotráfico y los prestanombres para lavar dinero (legalizar fuertes sumas de dinero) son despojados de sus bienes.
Nunca las autoridades en El Salvador habían tocado las finanzas de la delincuencia y de las estructuras criminales para desarticular sus finanzas y utilizar esos recursos en tareas de prevención y combate de ese mismo flagelo como desde que entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio a finales de 2014.
Anteriormente, si bien las autoridades embargaban propiedades de la delincuencia por la vía penal, el Estado no podía disponer de ellas hasta no ser transferidas como resultado de una condena emitida por un tribunal de sentencia, por lo que esos bienes solo estaban inmovilizados. (Ver nota aparte).
En julio de 2016, en la Operación Jaque, las autoridades incautaron bienes a la Mara Salvatrucha por un millón 75 mil dólares tras considerarlos fruto de la venta de droga, extorsión y lavado de dinero. Tras la captura de los cabecillas, sus propiedades fueron sometidas a un juicio de extinción de dominio, que en algunos casos, terminaron siendo extinguidos y pasaron a manos del Estado, mientras que otros están en calidad de embargo y los está usando el Gobierno.
Según el jurista Francisco Bertrand Galindo, el propósito de la Ley de Extinción de Dominio es atacar al crimen en el área que es justamente la razón para delinquir, o sea el dinero, y que, por lo tanto, es sumamente relevante en el inventario legal del país.
El especialista aclara que no es una confiscación de propiedades, pues esa medida es prohibida por la Constitución de El Salvador porque atenta contra el derecho a la propiedad privada. “La confiscación es una acción prohibida a todos los estamentos del Estado. Es lo que para los privados sería realizar un robo, o sea apoderarse de una pertenencia de un particular sin tener su permiso, ni tener una causa lícita y sin mediar compensación”.
Los bienes extinguidos en un proceso judicial y los que están en esa vía, los resguarda el CONAB, a la espera del resultado del juicio.
Desde el 2015 a la fecha, el CONAB tutela 922 propiedades que forman parte de los procesos judiciales de acusados de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y activo; enriquecimiento ilícito, corrupción, organizaciones terroristas entre otros.
Bienes de “Chepe Diablo”
Uno de los casos más sonados de los últimos años ha sido el de José Adán Salazar, apodado “Chepe Diablo”, procesado por el delito de lavado de dinero y activos, quien además es el principal representante de un conglomerado de varios negocios.
Las empresas cuyos activos están calculados en más de $120 millones, desarrollan actividades hoteleras (7 en total), gasolineras (6 en Santa Ana), otras que procesan y distribuyen alimentos como: arroz, maíz, frijoles, harinas entre otras.
Las gasolineras no solo venden combustibles, sino que “tienen tiendas de conveniencia y algunas brindan arrendamiento de locales dentro de sus mismos planteles”, explicó el subdirector del CONAB, Carlos Muñoz.
Fiscalía: “Chepe Diablo” habría lavado dinero en 38 negocios
Según el CONAB, la planilla total del Gumarsal asciende a 600 mil dólares mensuales. La estrategia del Consejo, que deviene de la Ley de Extinción de Dominio, es que si el imputado pierde el proceso, el Estado obtiene los bienes e ingresos devengados durante el proceso judicial y los destina a las instituciones (Policía, Fiscalía y Corte Suprema entre otras) encargadas de combatir el delito para fortalecer la lucha antidelincuencial y prevenir esos ilícitos; pero si ocurre lo contrario, que el acusado demuestra que sus bienes son legítimos, las autoridades se los devuelve en buenas condiciones, con todos los informes contables: gastos, inversiones y utilidades, afirmó Carlos Muñoz.
En el caso de los vehículos, son dados a instituciones o a particulares que reúnan los requisitos para evitar su deterioro y el hurto de sus partes.
Distribución de bienes .
Por ejemplo, los 63 vehículos (buses, microbuses y automóviles) decomisados a cabecillas de la MS en la Operación Jaque a finales de julio de 2016, ya fueron asignados a las instituciones beneficiarias. A la Fiscalía General de la República le fueron entregados: seis autos tipo sedán, un carro compacto, un rústico, un pick up doble cabina, otro más sencillo y una motocicleta, todo valorado en 90 mil 300 dólares.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibió 16 autobuses, un microbús, 16 carros tipo sedán; un carro compacto y un rústico; en total 35 vehículos por un valor de $197 mil; por su parte la Corte Suprema de Justicia obtuvo: dos buses; un rústico y un pick up doble cabina, valorados en $43 mil; mientras que al Ministerio de la Defensa le asignaron dos buses, un microbús, un rústico y un pick up doble cabina, cuyo monto es de $57 mil.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recibido un autobús; seis carros tipo sedán y un pick up doble cabina con un valor de $54 mil 100. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, durante el acto de entrega, afirmó que la recepción de vehículos fortalecería el trabajo investigativo y las operaciones contra el lavado de dinero y activo de parte de las unidades especializadas de la Policía y supliría las necesidades en la lucha contra la criminalidad.
El subdirector de CONAB afirmó que en estos procesos solo hay dos opciones: “50 por ciento que se extingan y 50 por ciento que se devuelva a su propietario” y que “dentro de los bienes cautelados hay empresas (sociedades anónimas, negocios individuales) o bienes productivos” como es el caso de las empresas de Saca y de Adán Salazar.