El director de Funde también habló del caso Saca y de la "indignación" que causa en la población el destape de la corrupción del dinero que debió servir para salud y otras necesidades primordiales.
"Hay duda sobre los partidos políticos que al parecer están buscando alguien que los proteja (en elección de magistrados de CSJ)", reflexionó el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Incluso, cuestionó que una de las candidatas a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sonia Cortez de Madriz, quien funge como Procuradora General de la República (PGR), "es cuota partidaria".
En torno a la candidatura de la funcionaria se ha centrado el atraso que tiene la Asamblea en poder elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de la Sala de lo Civil.
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Cortez de Madriz es carta especial de GANA, pero también tiene el respaldo de otros partidos como el PCN, ARENA y PDC, con la diferencia que estos dos últimos partidos la respaldan para que integre la Sala de lo Civil.
El FMLN y GANA no ceden a esta petición y quieren que ella así como el aspirante preferencial del FMLN, Carlos Sergio Avilés formen parte de la Sala de lo Constitucional. ARENA propone que sólo uno de los dos llegue a la Sala de lo Constitucional, pero no ambos como pretende el partido oficialista y GANA.
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), también se pronunció ayer sobre el entrampamiento en la elección de los magistrados de la CSJ. Esto a raíz de la propuesta del PDC de que sino se lograba consenso general sobre todos los candidatos, se hiciera una primera elección con los candidatos que, a esta fecha, ya reúnen más de los 56 votos para ser electos en la Asamblea, entre ellos Carlos Sánchez.
Caso corrupción de Saca
En otro tema, Rubio pidió al fiscal Douglas Meléndez, que aclare sobre la información que dio a conocer en el caso del destape de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca, en relación a que el expresidente Mauricio Funes sigue recibiendo dinero de fondos públicos desde el país hasta Nicaragua, donde se encuentra como asilado político.
"Quizás el fiscal no debió decirlo, seguro algo debe tener, el punto es el momento en que se dice. Si es cierto, es grave lo que está sucediendo, porque hay delito de quien envía dinero público a alguien perseguido por la justicia", argumentó Rubio.
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También dijo que la población se siente indignada al saber que millones de dólares del erario público fueron a parar al bolsillo de exfuncionarios públicos, cuando debieron ser usados para Salud, Educación y otras necesidades primordiales para la ciudadanía.
"La gente se indigna y pide sangre", reflexionó Rubio en la entrevista de TCS de esta mañana.