El exgerente Financiero de la Presidencia de la República, Francisco Rodríguez Arteaga, procesado junto al expresidente Elías Antonio Saca, pidió este miércoles que se le permita confesar los hechos de corrupción que le imputan para tratar de lograr una reducción de la pena tal y como lo hizo ayer Saca en un arreglo con la Fiscalía General.
Cindy Rivera, una de las abogadas del ex gerente financiero de la Presidencia pidió a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un "receso" durante la segunda jornada del juicio que enfrenta junto a Saca y otros cuatro exfuncionarios para finalizar la negociación con la Fiscalía.
La defensa de Rodríguez Arteaga busca que el imputado sea procesado en un "juicio abreviado", en el que obtendrían una condena de al menos 10 años de prisión a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero, tal y como lo hizo Saca en el primer día del juicio.
Tania Pastor, otra de las defensoras de Rodríguez Arteaga, dijo a periodistas, tras la declaración de "receso", que buscan "llegar a un punto común en cuanto a la pena a aceptar" y que está no debe ser mayor a la de cinco años por cada delito.
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Agregó que Rodríguez Arteaga en una primer momento había solicitado un trato similar, pero que el Ministerio Público no aceptó cambiar los delitos de peculado y lavado de dinero a otros con penas menores.
Dijo que los otros exempleados de la Presidencia procesados, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, no tienen planificado solicitar nuevamente un trato similar y que "su deseo hasta ahora ha sido enfrentar el juicio" común.
En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores (Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank) aceptaron durante la primera jornada del juicio confesar -en fecha aún por establecer- en un "juicio abreviado" la forma en la que extrajeron y lavaron más de 300 millones de dólares del presupuesto es
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.
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El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un "hecho histórico".