El Tribunal Segundo de Sentencia concluyó ayer la audiencia especial con la admisión de un nuevo testigo con régimen de protección propuesto por la Fiscalía, con el que espera esclarecer el caso de “Destape de la corrupción” en el que el expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios suyos son procesados por el desvío de más de 301 millones de dólares durante su gobierno.
Con este testigo, la Fiscalía demostraría el uso de sociedades anónimas o empresas para el lavado de dinero. En la diligencia que inició el lunes y que terminó ayer con la resolución, los jueces del Tribunal rechazaron cuatro peticiones a los defensores, quienes habían pedido la incorporación de 28 testigos.
También dejó sin efecto una copia simple de una publicación de el periódico digital El Faro que beneficiaba a los procesados, por no haber seguido las formalidades, como la contratación de un perito en informática autorizado por el juez para que extrajera la información del sitio web del medio.
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El tribunal también rechazó que expresidentes y exfuncionarios de 1984 a 2017 declararan sobre el manejo de los fondos reservados de Casa Presidencial.
En la resolución se estableció que no podían tomar declaraciones de otras personas porque se salía del plazo en que estaba el proceso, de 2004 a 2009. Los defensores no consiguieron, además, que el juez les avalara documentos como facturas y cheques porque los mismos fueron ofrecidos en copia y no en originales.