San Francisco Javier lleva nueve meses sin que se cometa un homicidio en sus 23.5 kilómetros cuadrados que tiene como municipio. Desde octubre del 2017, no se registran muertes violentas, asegura, con notable entusiasmo, el jefe policial de ese lugar.
Ese pueblo, enquistado en las estribaciones del cerro El Taburete, ha venido de menos a más en asuntos de seguridad ciudadana. En 2016 sumaron 21 homicidios, lo cual lo convirtió en el municipio más violento, si se toma como instrumento de medición, el parámetro que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice que cuando hay una tasa de homicidios de 10 por cada 100 mil habitantes, debe considerarse como una epidemia.
Entre esos 21 asesinatos del 2016 se cuentan varios homicidios múltiples de personas con supuestos vínculos con pandillas y también sin relaciones con pandilleros.
Pero sobre San Francisco Javier se cierne una sospecha: que fue un grupo de exterminio el que ejecutó las masacres. Fueron cuatro matanzas en solo 15 meses, y otras ejecuciones individuales que se registraron entre 2016 y 2017. De todos esos casos de matanzas ni una tiene investigaciones avanzadas. Se han quedado en un par de hojas de papel en el que consta el reconocimiento legal de los cadáveres, las esquelas que el Instituto de Medicina Legal extiende a los familiares para que éstos retiren los cadáveres de la morgue judicial y en un caso, la entrevista de un par de familiares.
Pero hay algo más. Varias personas, familiares y conocidos de las víctimas ejecutadas por ese grupo, señalan a vecinos de San Francisco Javier como los integrantes de ese grupo de exterminio.
Y las sospechas llegan hasta el policía del desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Arévalo Castillo (a) Samurái, quien ha sido declarado prófugo de la justicia salvadoreña por la desaparición y asesinato de la agente policial Carla Mayari Ayala, hecho cometido el 29 de diciembre anterior, durante una fiesta de fin de año en el GRP.
Los asesinos reaccionaron tarde y aunque le hicieron varios disparos no lo pudieron detener. El hombre escapó de una muerte segura, pero algunas personas que lo conocen aseguran que enloqueció desde ese día.
Parientes cercanos y conocidos de los dos adultos aseguran que ambas víctimas no tenían ninguna relación con pandillas y que, posiblemente, el grupo de exterminio los mató al no encontrar a quien buscaban.
Después de matar a esta dos personas, los asesinos se dirigieron a otra casa, distante unos 25 metros. Allí mataron a otras tres personas, entre éstas un hombre a quien policías locales aseguran que era miembro de pandillas. Este era Rosendo Laínez Díaz, de 45 años de edad.
En ese mismo acto mataron a María de los Ángeles Claros Laínez y a Luis Fernando Claros Laínez, de 19 años edad. El grupo de asesinos sacó al patio de la casa a los dos hombres y allí los ejecutó, en tanto que la mujer fue acribillada a balazos en la hamaca en la que estaba durmiendo.
Una vez cometida la masacre, los homicidas volvieron al auto y salieron hacia el casco urbano de San Francisco Javier, aunque bien podrían haber salido hacia la carretera El Litoral pasando por una zona del municipio de San Agustín.
Como a 200 metros de donde habían asesinado a los Laínez está una vivienda cuyos dueños tienen un sistema de vídeovigilancia. La policía pidió la colaboración de esas personas; sin embargo se marcharon con las manos vacías porque lo captado por las cámaras no aportaba nada. Eran imágenes borrosas con muy baja definición, debido a que la noche era demasiado oscura.
No obstante, a pocos días de esa masacre, varios hombres encapuchados llegaron a esa casa: “Están advertidos, después no se quejen de su suerte”, les dijeron. Inexplicablemente, se habían enterado de que investigadores policiales habían llegado a ver si las cámaras habían captado características del vehículo en el que se movilizaron esa noche del 20 de agosto.
“Nosotros no sabemos nada, pero por aquí eso es lo que se dice, que unos policías del GRP que viven por aquí cerca son los que andaban haciendo esas cosas”, manifestó una persona que vive en el caserío Laínez, distante pocos kilómetros de donde vivía Castillo Arévalo y uno de sus parientes, ambos pertenecientes al GRP para cuando las cuatro masacres cometidas en San Francisco Javier fueron ejecutadas.
En otro caso, una masacre cometida en 2016, familiares y conocidos de las víctimas aseguran que posterior al hecho donde murieron sus parientes, en redes sociales circularon unas imágenes en las que se señalaba a personajes locales y a policías destacados en esa misma población, de ser integrantes del supuesto grupo de exterminio que en 15 meses ejecutó cuatro masacres con saldo total de 15 personas asesinadas. Todo eso es aparte de ejecuciones individuales.
Todo eso sólo en San Francisco Javier. Aunque hay lugareños que señalan que ese mismo grupo de exterminio fue el que masacró a tres personas en el caserío Los Patios del municipio de San Agustín.
“Puede ser, es que mire, ese tigre se las podía todas. Recuérdese que en el GRP había solo gente entrenada para matar; unas máquinas para matar”, responde una fuente policial que está al tanto de las sospechas de que Samurái, nombre de guerra del agente prófugo, Arévalo Castillo, podría haber participado en las masacres cometidas en San Francisco Javier.
Y es que la primer masacre cometida en 2016 y la última, en agosto de 2017, dan para sospechar más. En el primer caso, tres jóvenes fueron privados de libertad en la colonia Vista al Mar, localizada a pocas cuadras del puesto policial. A pesar de lo anterior, las autoridades policiales no se enteraron de nada, si no hasta horas más tarde cuando los cuerpos de los tres jóvenes fueron encontrados.
En el segundo caso, donde mataron a los cinco, los asesinos conocían bien el caserío. Fueron directamente a las viviendas de las víctimas. “Mire, allí tuvieron que andar personas que conocían este lugar. Gente de afuera del municipio no se va atrever a venir a estos lugares”, opina un lugareño.
Ahora, los investigadores buscan más pistas de estos crímenes y del lugar donde estarían los restos de algunos, incluidos lo de la agente Carla Ayala, en la costa boscosa de Usulután.
