La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aclaró ayer que el sector privado salvadoreño no quiere privatizar el agua e insistió en que lo que defiende es que el modelo de administración del recurso, al resultar ineficiente en los últimos años, se cambie a uno que incluya una representación equilibrada entre gobierno, consumidores familias y empresas.
“El agua no puede ser privatizada y ANEP no está por la labor de privatizar el agua”, dijo el director de asuntos económicos y legales de la gremial, Waldo Jiménez.
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ANEP dice que en abril de 2015 el gobierno y la empresa privada iniciaron una mesa de diálogo en la que, sorpresivamente, se alcanzaron grandes acuerdos respecto a la Ley de Agua y lo único que faltó,(no por falta de voluntad sino de tiempo, fue las tasas por extraer o vertir agua. “Pero como fue una sorpresa, lo que hizo el gobierno fue retirarse de la mesa de diálogo”, lamentó Jiménez.
Para la ANEP, es preocupante que se esté tratando de “manipular a las masas” con un tema tan sensible como el de agua. “¿Cómo se privatiza el agua, cuál es el procedimiento? ¿Cómo se privatiza el mar, el subsuelo o el Estado? Eso es imposible”, dijo Argueta.
“Lo cierto es que el gobierno no quiere aprobar una ley de agua. No le interesa porque quiere utilizar el tema del agua como un arma político electoral; y en las circunstancias actuales, para opacar la noticia de corrupción”, reiteró Jiménez, en referencia al caso de Mauricio Funes.
En los últimos días, el gobierno y el FMLN han retomado el debate sobre la aprobación de una ley de agua para lanzar una campaña contra la privatización del agua, a la cual se han sumado algunos sectores, quienes señalan que el ente administrador del recurso debe tener representación predominantemente estatal y se oponen a que el sector privado participe, por considerarlo como una “privatización del agua”.
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Pero la ANEP y los diputados del partido ARENA insisten en que lo que buscan en realidad es crear mayor eficiencia de la distribución del agua en el país y que esto no se utilice con fines políticos.