Las pandillas buscan por todas las formas posible suscribir un segundo pacto de tregua y están presionando al gobierno de Salvador Sánchez Cerén para que acceda a esa pretensión, aseguraron ayer el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana y el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
“Las pandillas, los grupos criminales han pasado a la extorsión política...han pasado a tratar de asesinar policías, han asesinado miembros de la Fuerza Armada y están tratando de hacer una extorsión política para que se vuelva a la tregua, a las condiciones favorables que ellos tuvieron”, dijo Lorenzana ayer en la entrevista de canal 12.
Horas más tarde esas aseveraciones fueron confirmadas por el mismo titular de Seguridad, tras el informe del cuarto año de mandato de Sánchez Cerén en el Congreso.
Landaverde aseguró que esos grupos pandilleriles están incrementando los ataques contra los policías, y los miembros del Ejército y de Centros Penales.
“Con qué idea o finalidad? Para presionar como Estado, como país y que les concedamos nuevamente los beneficios que les permitan aún estando en prisión seguir dirigiendo, seguir comunicándose, y por supuesto, disponer de los recursos obtenidos ilícitamente”, dijo Landaverde.
Admite concesiones
Precisamente fue en durante el gobierno de Mauricio Funes que se avaló la tregua de las pandillas y se le dieron beneficios a cambio de bajar los homicidios.
“Han pretendido hacer de la violencia su principal herramienta porque ya les funcionó, en 2011 y 2012 aumentaron de manera deliberada la violencia y el Estado buscando una salida fácil, corta, les dio determinadas concesiones”, admitió el jefe policial. No obstante, dijo que como gobierno no están dispuestos a ceder a esas presiones.
Al respecto, la diputada y jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que el combate a las pandillas “no es solo el Ejecutivo el que tiene que resolver este problema tremendo de inseguridad, sino también todos los otros órganos del Estado”.
“Las pandillas son una fuerza que quisieran retomar ese arreglo que les benefició y que tuvieron con el gobierno del FMLN. Yo lo que creo es que hay que identificarlos fehacientemente y extraerlos del territorio”, propuso el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila.