El crecimiento económico de El Salvador durante los últimos cuatro años, lejos de dinamizar la actividad productiva, se ha desacelerado y no ha sido capaz de generar las condiciones para atraer más inversiones o fomentar las exportaciones, con lo cual tampoco se han podido crear los puestos de trabajo que el país necesita.
La administración del presidente Sánchez Cerén se ha caracterizado por un crecimiento con un vaivén irregular, como una especie de sube y baja. Según el nuevo cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), en este Gobierno el crecimiento promedio anual ha sido del 2.4 %, menor al de la administración anterior, que fue del 2.6 %.
De acuerdo con el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, en el segundo periodo del Fmln se observa que la tasa de crecimiento económico, en vez de mejorar, refleja una desaceleración del crecimiento y, a la vez, una consolidación del modelo anterior al Fmln, que planteaba la necesidad de que la estructura productiva, basada en la agricultura y la industria, pasara a los servicios.
“En la situación actual los servicios representan el 75 % de la economía y la agricultura, donde pertenece el 25 % de la población rural, solo significa el 6.4 % de la economía, consolidando un modelo que propicia más el consumo que la inversión”.
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En la misma línea, el economista Rigoberto Monge sostiene que de los tres motores de crecimiento: inversiones, consumo y exportaciones, ha sido el consumo el que ha permitido al país experimentar mayores tasas de dinamismo.
¿Y el consumo de qué depende?, Monge señala que este se basa en tres factores: el crédito, las remesas, sobre todo a través de las tarjetas de crédito, y fundamentalmente del empleo.
El crédito ha estado creciendo como una herramienta importante para la compra de los hogares y las familias, y se basa en los ingresos y empleos de la gente.
Pero los empleos no han crecido al ritmo que el país necesita para absorber a las cerca de 50 mil personas que cada año salen a buscar un trabajo en el mercado laboral.
Para el caso, en los últimos años el país atrajo inversión extranjera directa que oscilaba entre los $300 ó $400 millones por año; mientras que Guatemala y Honduras logran atraer inversiones que andan más o menos por los $1,000 millones anuales, a pesar de que tienen los mismos problemas de violencia e inseguridad que El Salvador, lo que refleja que algo se está haciendo mal.
Caso contrario es el de Costa Rica y Panamá, los países más envidiados del Istmo, que logran atraer cerca de $3,000 millones y $5,000 millones anuales, respectivamente.
“En el tema de inversiones tenemos espacios que no estamos utilizando adecuadamente. Posiblemente en este estén influyendo temas como las dificultades que se dan en las aduanas, la excesiva tramitología y que no ha habido grandes acompañamientos para buscar nuevos mercados, o para aumentar la presencia de nuestros productos en los mercados tradicionales”, detalló el coordinador de la ODASP.
La inversión pública también ha sido baja en los primeros tres meses de 2018, si se compara con 2014, pues únicamente se tiene un aumento de $92 millones.
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“La política de atracción de inversiones es del Gobierno, aquí el tema es por qué los inversionistas no ponen el ojo en El Salvador. Este es un tema a considerar en el futuro, por eso es bien importante que los acercamientos entre el sector empresarial, el Gobierno y los inversionistas sean transparentes y consistentes”, señaló.
Un factor externo que le permitió mayor poder de compra a la población, en este periodo, fue la baja en los precios internacionales del petróleo, ya que este pasó de $120 el barril, entre 2013 y 2014, a un valor promedio de $35 o $40 entre 2015 y 2016; aunque en los últimos meses su precio se ha acelerado. Entre finales de 2014 y de 2016, solo por efectos de la baja del precio de petróleo, El Salvador se ahorró cerca de $1,000 millones en la factura petrolera.