La vicepresidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Claudia Umaña, y Luis Mario Rodríguez, director de estudios políticos, aseguraron que el apoyo del Gobierno del FMLN al régimen de Daniel Ortega, en el marco de la represión en Nicaragua, puede acarrear consecuencias negativas para el país.
Lo anterior lo plantearon ayer ambos funcionarios en el marco el conversatorio sobre la crisis política que vive Nicaragua, que se realizó en la sede de Fusades y donde el invitado principal fue el excandidato presidencial nicaragüense, Edmundo Jarquín, quien explicó cómo el régimen de Daniel Ortega ha coptado todas las instituciones del Estado para convertirse en “una dictadura pura y dura”, lo cual ha ocasionado protestas por parte de los estudiantes y otros sectores de la sociedad, con sus respectivas represiones y muertes por parte del gobierno de orteguista.
Pero El Salvador, a través del gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha anunciado públicamente su respaldo al gobierno de Ortega, pese a la represión de estudiantes en las calles del vecino país.
“Estarse alineando a un grupo de países donde apoyan a un régimen antidemocrático, dice mal, dice mal de nuestras posturas internacionales; así también nos puede repercutir en la forma que nos ven nuestros cooperantes, pero más que todo, cómo el salvadoreño se da cuenta que esa postura no puede sostenerse con el tiempo y que más vale dar marcha atrás, recapacitar sobre nuestra política exterior y aliarnos en base a principios”, manifestó Umaña a varios periodistas.
También recriminó a la dirigencia del FMLN porque empuñaron las armas en la década de los 80, precisamente por las represiones contra los estudiantes y los campesinos y las faltas de espacio de expresión, pero ahora están defendiendo a un gobierno de Ortega que está haciendo lo mismo.
“Recordemos que el FMLN siempre fue, sobre todo en la época del conflicto armado muy solidario con todos los estudiantes, rechazaban las intervenciones militares y ahora esto es exactamente lo que está pasando en Nicaragua y ahora lo que vemos es un retroceso en todas estas posturas y eso es lamentable”, externó Umaña.
“Ciertamente el Gobierno se pronunció alabando el diálogo que se inició (con la Conferencia Episcopal como mediadora), pero no dijo nada sobre la represión, los muertos y todas las violaciones que existen en la institucionalidad en Nicaragua. Nosotros esperaríamos que el gobierno reflexione y que respalde a los ciudadanos, que respalde el Estado de Derecho y el orden constitucional que tiene que restablecerse en Nicaragua”, dijo Luis Mario Rodríguez.
Añadió que El Salvador estaría bajo la mirada de los países cooperantes, que en algún momento puedan cortar la ayuda por las posiciones que el gobierno del FMLN está tomando.
“Puede repercutir en la ayuda que está dando la cooperación internacional para la lucha contra la inseguridad pública, y todo lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, si hay países donde las instituciones simplemente no existen, allí podemos tener una debilidad”, apuntó.
“Es una dictadura pura y dura”
Durante el conversatorio, Edmundo Jarquín habló de cómo el régimen de Ortega ha consolidado su Gobierno, manipulando la Constitución de la República y coptando todas las instituciones del Estado para ganar tres elecciones y mantenerse en el poder.
Agregó que con los hechos recientes de represión de estudiantes en las manifestaciones, Nicaragua y el gobierno de Ortega “en pocos días ha tenido un tránsito de una autoridad autoritaria a una dictadura... a una dictadura pura y dura”, dijo Jarquin.
El político nicaragüense relató cómo Ortega había logrado aliarse con un sector de los empresarios para gobernar con cierta tranquilidad., pero que a raíz de las represiones de estudiantes “se rompió esa alianza entre Ortega y el sector privado”.
Por su parte, Roody Reserve, director de maestría en Ciencias Políticas de la UCA en Nicaragua, planteó que ahora “el desafío es cómo construir el andamiaje hacia la democracia”.
Edmundo Jarquín dijo que la salida de Ortega del poder dependerá de varios factores, entre ellos mencionó el respaldo que brinde la comunidad internacional al pueblo nicaragüense, a que se profundice la división entre el orteguismo y el sandinismo, y de que se profundicen las acciones de la sociedad civil.
“Creo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hecho público el lunes va a motivar un creciente activismo de la comunidad internacional, porque allí se señala en ese informe que en el caso de Nicaragua se han cometido crímenes que pueden ser catalogados de lesa humanidad”, aseguró.
Dijo que ante la ruptura del diálogo entre el Gobierno y el sector estudiantil y privado, bajo la mediación de la Conferencia Episcopal, existe la posibilidad de realizar un paro nacional para presionar que se adelanten las elecciones y la salida del poder de Daniel Ortega.
La crisis política en Nicaragua arribó ayer a los 38 días desde el 18 de abril en que iniciaron las protestas en las calles de varias ciudades, en las cuales han sido asesinadas 76 personas a manos de la policía y de grupos de choque sandinistas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).