Rafael Cruz tenía 60 años cuando lo mataron. Tenía una joven mujer y cuatro hijos, todos menores de edad, que dependían de su trabajo para alimentarse, vestirse y estudiar.
Pero el 1 de agosto de 2017, en la mañana, cuando salió a ver su cultivo de maíz, lo mataron. A su mujer le corrieron a avisar. A unos 400 metros de la casa, estaba el cadáver.
Ese crimen sucedió en el caserío El Cuatro, cantón El Progreso, municipio y departamento de San Miguel. La víctima era presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal “Una luz para El Progreso”, del caserío donde vivía: El Cuatro.
Elsy, la viuda, asegura que no sabe por qué le mataron a su marido. Tampoco sabe quiénes fueron. Después de ocho meses de que Rafael fuera asesinado, ninguna autoridad se ha acercado a preguntarle algo, por lo que presume que el crimen está sin investigar. En la impunidad.
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Pero a ella tampoco le interesa la justicia terrenal. Desde hace ocho meses, sus esfuerzos están enfocados en criar a sus tres hijos (la mayor, de 17 años, ya formó su propio hogar); para ello se dedica a hacer tamales, pupusas y cualquier fritura que pueda vender en el caserío. De vez en cuando, en un gesto tal vez de reconocimiento a Rafael por su entrega a conseguir beneficios para su caserío, la comunidad le regala víveres.
Como en otros casos, el proyecto insignia de Rafael era introducir agua potable en su comunidad. Ya había logrado paliar la carencia del recurso, consiguiendo la donación de tanques de captación de agua lluvia para cada casa y otros tanques más grandes que eran llenados, por gravedad, de agua potable, donde los lugareños se abastecían cada vez que necesitaban.
Pero Rafael murió por ser líder comunal y su familia ahora vive en una pobreza más acentuada.