20 líderes comunales asesinados por las pandillas

Entre junio de 2016 y marzo de 2018, por lo menos 20 líderes comunales fueron asesinados por las pandillas.

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Por Hasmed Sermeño

30 April 2018

No es que todos los líderes comunales o de las asociaciones de desarrollo comunal, conocidas como Adescos, sean en sus vecindarios los ojos y oídos de la Policía, pero los pandilleros sí lo perciben así: como gente que les “echa rata”, les “caga el palo”, y por ello hay que mantenerlos vigilados o asesinarlos.

Echar rata o cagar el palo, en la jerga pandilleril, es pasar información a las autoridades sobre las actividades de las pandillas y de los pandilleros mismos: cabecillas, escondites, tipo de armas que tienen, quiénes les colaboran. Y eso es imperdonable en cualquier organización criminal. Y las pandillas lo son.

En el segundo semestre de 2014, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y su gabinete de Seguridad, comenzaron a desplegar, con bombo y platillo, la Policía Comunitaria, una iniciativa de seguridad que trabajaría en labores de prevención y, por supuesto, de seguridad en todo el territorio salvadoreño. Según el Gobierno, sería una asociación estratégica entre la Policía y las comunidades; juntos identificarían problemas de seguridad y buscarían soluciones a los mismos.

 

 

“A través de la filosofía de la Policía Comunitaria vamos a demostrar que la Policía tiene una gran incidencia en procesos de pacificación y seguridad. Recordemos que unidos podemos hacer más”, dijo Sánchez Cerén aquella tarde del 14 de agosto de 2014 en la colonia Costa Rica del barrio San Jacinto, al sur de San Salvador.

La idea de la Policía Comunitaria consiste en acercarse a la comunidad y ganarse la confianza de los habitantes para que aporten información sobre diferentes problemas de seguridad que afecten a un vecindario. Pero en muchos lugares, la gente evita hablar con los policías y por eso éstos se abocan a los líderes comunales a quienes citan a reuniones en escuelas o iglesias locales.

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Pero el precio que tienen que pagar esos dirigentes es muy alto. La implementación de esa iniciativa de seguridad le ha costado la vida a la mayoría de los 20 casos conocidos por El Diario de Hoy, de líderes comunales asesinados entre el segundo semestre del 2016 hasta marzo de este año.

Un ejemplo claro de que muchos campesinos, líderes de adescos, han sido asesinados por miembros de pandillas, lo constituye el crimen contra Cristóbal Adonay Bermúdez Hernández, de 59 años, y Amanda Díaz Crespín, de 50 años, cometido el 14 de febrero de este año, en el cantón La Lima, municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad.

El hombre era el presidente y ella, la vicepresidenta de la Adesco de la lotificación El Jobo II, un lugar que en los últimos meses ha llegado a un nivel de peligrosidad tal que la misma policía aconseja a foráneos no entrar sin acompañamiento policial a ese lugar.

La Policía local tiene muy claro por qué mataron a esos dos campesinos: ambos estaban gestionando la instalación de un puesto de la Policía Rural en ese cantón que es controlado por una agrupación de la Pandilla 18 Revolucionaria.

Un investigador policial consultado sobre ese doble crimen dice, sin rodeos, que ambos líderes eran muy colaboradores con la Policía de Huizúcar, y que los pandilleros se dieron cuenta de las gestiones de los campesinos para ayudar a su comunidad con la solicitud de destacar policías de manera permanente en ese lugar.

“Ellos trabajaban de la mano con nosotros. Acuérdese que con esta cuestión de la Policía comunitaria uno trata la manera de reunirse con los líderes, con las directivas de las Adesco, en las escuelas, en las iglesias. Más que todo uno se aboca a los líderes, y claro la gente siente temor”, explica la fuente policial que pidió reserva de identidad.

 

¿Pero acaso no se dan cuenta de que cuando ustedes se reúnen con esos líderes comunales, los exponen a represalias de parte de las pandillas?, se le preguntó a la fuente.

La respuesta que dio fue que ante la presión que tienen de operativizar el plan de Policía Comunitaria, no les queda otra alternativa que interactuar con los directivos de las asociaciones de desarrollo comunal, a sabiendas de que las pandillas pueden asesinarlos, como han hecho en muchos casos.

“Uno no puede hacer más que exponer a esa gente porque si uno no hace nada, las ayudas que tiene el Gobierno, se las quitan”. Eso es lo que confiesa una fuente policial del nivel básico (de agente a sargento), sobre los homicidios de directivos de las adescos.

A la pregunta hecha a dos oficiales de la PNC que ocupan puestos de jefaturas en subdelegaciones del interior del país, sobre las razones por las que las pandillas matan a directivos de Adescos, la respuesta de ambos fue similar: porque creen que colaboran con la Policía. “Y ciertamente, muchos de ellos nos apoyan con información”, añadió uno de los oficiales.

El asesinato de líderes comunales, refiere una fuente policial, es un problema que surgió casi inmediatamente después de ser implementado el modelo de Policía Comunitaria, una iniciativa que en el terreno no ha dado los resultados que esperaban. Los policías operativos, es decir, los que andan en las comunidades, lo saben.

“A nivel de policías todos sabemos que ese plan no funciona; pero a nivel de jefatura lo manejan como que sí funciona, pero dicen eso para dárselo a conocer a la gente desde otro punto de vista, que está funcionando, aunque nosotros sabemos que no funciona”, afirma una de las fuentes.

Bermúdez Hernández y Díaz Crespín eran muy conocidos en Huizúcar y muy colaboradores con las autoridades municipales. El hombre, además, era empleado de la comuna. Días después de que ambos fueran asesinados, la alcaldía local expresó sus condolencias de manera pública, mediante dos esquelas en principales periódicos.

Por el control de las Adesco

Pocos familiares de líderes comunales asesinados lo admiten en público, pero es un hecho que las pandillas suelen asesinar a directivos comunitarios para luego controlar políticamente algunas comunidades sustituyendo a sus víctimas con gente de su confianza o que puedan manipular para ponerla a su servicio. Y para eso presionan en las comunidades para que tal o cual persona sea propuesta para ser parte de una directiva comunal. O hasta los asesinan para luego llenar esas vacantes con su propia gente.

Las directivas comunales son un primer escalón para que esos grupos se infiltren en la política, asegura una fuente policial que conoció de dos casos de líderes comunales asesinados en municipios cuya seguridad estaba bajo su responsabilidad.

El siguiente caso de una asociación de desarrollo comunal de una comunidad de Soyapango puede servir de ejemplo: Mauro es miembro de la Mara Salvatrucha y parte de la directiva de la comunidad en que nació y donde también delinque como pandillero.

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Mauro no es el presidente de la Adesco de su vecindario pero siempre está presente en las reuniones que la directiva comunal tiene con cualquier autoridad. Luego reporta directamente a sus cabecillas encarcelados, los puntos tratados en las reuniones y los logros a favor de la organización criminal.

En marzo de 2016, un alto funcionario del gabinete de Seguridad, junto a dos jefes policiales, se reunió con la Adesco de esa comunidad (el nombre se reserva para no exponer a los directivos) del norte de Soyapango para tratar asuntos relacionados con la seguridad.

La reunión transcurrió con completa normalidad. Hubo dos peticiones en favor de los pandilleros, con el objetivo (subterfugio) de mantener pacífica la comunidad. Y ambas fueron concedidas.

Sin embargo, en cuanto el funcionario y los jefes policiales se retiraron de la comunidad, Mauro, el pandillero y miembro de la directiva comunal, tomó su teléfono y llamó al Danger, un cabecilla encarcelado, y le reportó que se había acordado que los miembros de la pandilla recogerían la basura de toda la comunidad a cambio de que cada casa les pagara dos dólares mensuales, así también, que se había acordado bajar la operatividad policial en la comunidad, además de haber denunciado ante el funcionario, el homicidio de uno de los suyos a manos de un grupo de policías.

Pero un ejemplo todavía más claro de que las pandillas están utilizando a las asociaciones comunales como vehículo para involucrarse en la política partidista lo constituye el caso de Herbert William Barrientos Meléndez, alias Tiburón, cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) del programa 503, capturado el 14 de abril en México.

El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, durante una conferencia de prensa en la que presentó al capturado, dijo que Barrientos Meléndez había pertenecido a una asociación de desarrollo comunal del departamento de Sonsonate y que en los comicios municipales de 2015, había sido propuesto a un concejo municipal, aunque no reveló cuál partido político lo llevaba como candidato ni el nombre del municipio.