El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, negó la existencia de grupos de exterminio en la institución castrense luego de que en una investigación la Fiscalía General de la República, arrojara la participación de altos mandos militares en dichas estructuras.
“No estamos para expresar que los militares somos intocables, estamos para negar la existencia dentro de la institución de grupos de exterminio, y sobretodo estamos aquí para negar la complacencia de los mandos militares a estos grupos ilegales”, aseguró ayer Munguía Payés, rodeado del alto mando militar.
También expresó molestia porque, dijo, las insinuaciones de los fiscales del caso han puesto en duda la honorabilidad de los oficiales.
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Ante estas declaraciones, el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que ellos investigan hechos delictivos, no instituciones, al tiempo que invitó a que los titulares de ministerios, en lugar de hacer cuerpo, deberían de colaborar con las entidades que investigan ilícitos.
“No tenemos ningún morbo. Creo que es incorrecto ponerse en una posición a la defensiva, debería adherirse a la investigación”, manifestó.
Los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo (destacados en el Estado Mayor), y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, fueron acusados por el Ministerio Público de proposición de homicidio, pretensiones de soborno en el Órgano Judicial, de intentar que las víctimas no declararan contra los militares y de agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la juzgadora decidió procesarlos solo por agrupaciones ilícitas pero en libertad.
Meléndez dijo que la jueza especializada estableció la existencia de una agrupación ilícita donde están involucrados los militares. “Seguirán procesados por este delito, por el resto, apelaremos”, aseguró el Fiscal, en referencia a que la jueza sobreseyó a los militares de los otros delitos.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del comisionado Joel Hernández, dijo que “los posibles abusos de fuerzas del orden público” del país denunciados por organizaciones “serían preocupantes”.
Dijo que de comprobarse que son ciertas esas denuncias, abrirían “heridas ya cerradas”.