Huyen de las pandillas, en algunos casos de la Policía; amenazados y muchos ya cargan consigo la realidad de haber sido víctimas de otros crímenes; estas son las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado atendidas por la fundación Cristosal.
Hasta septiembre de este año la organización no gubernamental ha atendido a 394 personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado interno.
Del total se han identificado 83 casos o familias. Hay casos de solo una madre con sus hijos; en otros, los grupos familiares pueden ser de hasta 31 personas.
Celia Medrano, oficial de programas de Cristosal, dijo que la asistencia legal que les brindan es de acuerdo a la urgencia de su situación. Para algunas víctimas se mantiene solo con el acompañamiento legal, para otras es necesario activar el apoyo para que puedan salir del país, a través de diferentes programas, o ayudarles a reubicarse dentro del país. “Es un aspecto muy difícil, pero necesario”, sostuvo.
Las condiciones rodean a las personas desplazadas demuestran la vulnerabilidad que enfrentan ante la violencia.
Entre todas las personas atendidas, 180 ya habían sido víctimas directas de hechos de violencia.
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En los últimos años las amenazas y acoso de pandillas han sido uno de los principales causales de desplazamientos de decenas de familias en municipios como Panchimalco o Mejicanos, en el departamento de San Salvador, y de otras decenas de grupos familiares en Caluco, Sonsonate. En estos casos la Policía ha llegado a “prestar seguridad” al momento que las personas abandonan las casas o parcelas que por años han sido su patrimonio.
En un informe extendido por Cristosal se detallaba que las amenazas eran la principal causa del desplazamiento. De las personas atendidas 55 huían por esta razón.
Las personas desplazadas no solo huyen porque temen ser alcanzadas por la violencia, en la mayoría de los casos ya han sido víctimas de otros hechos.
Según los datos de esta ong, 22 personas atendidas habían perdido a un familiar por la violencia, otras habían sufrido un intento de homicidio. También se repetían los casos de extorsión, de haber sido víctimas de violación, de agresiones sexuales, de trata o lesiones. Entre todos los casos había uno vinculado a la violencia contra la comunidad LGTBI.
Mientras que el repertorio de delitos contra las víctimas era diverso, en el caso de dónde provenía la violencia que los llevó al desplazamiento, el 79 % era a causa de las pandillas. Pero además, en alrededor del 6% de los casos los victimarios eran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un 2% se atribuía a grupos de exterminio, de acuerdo a los datos de Cristosal.
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Medrano explicó que los casos llegaron a ellos por medio de un sistema de referencia sostenido en convenios con entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General y el Isdemu.
Los casos que esta organización ha logrado asistir serían solo una pequeña parte de la crisis de desplazamientos forzados que existe en el país.
El Observatorio Global sobre el Desplazamiento Interno, (IDMC por sus siglas en inglés) publicó un reporte sobre desplazamientos en el mundo durante 2016.
En el caso de El Salvador, se destacaba la falta de registros debido a que no hay un reconocimiento oficial del fenómeno por parte del Estado. Sin embargo, presentaban una estimación de más de 200,000 personas desplazadas.
Los datos se obtuvieron a partir de una inferencia estadística de la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, en el que se detectó que un 4.9 % de la población encuestada había tenido que cambiar el lugar de su vivienda debido a amenazas o un hecho de violencia.
