Dar con el paradero de los cuatro militares que fueron raptados por la Mara Salvatrucha el 10 de octubre de 2016, en la colonia Vista al Lago, de Ilopango, se ha convertido en una tarea imposible para la Policía Nacional Civil (PNC).
Uno de los obstáculos que enfrenta la institución para esclarecer este y cientos de casos más de personas desaparecidas, según el director policial, Howard Cotto, es la falta de fondos que permitirían robustecer la investigación técnica y científica.
Con ello, explicó, el personal podría someter a pruebas genéticas los restos óseos o cadáveres de víctimas que no pudieron ser identificadas y compararlas con evidencia encontrada en las escenas de homicidio.
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“Actualmente, por razones de carácter técnico, no logramos hacer (resolver) muchos casos... Por eso, dentro de las prioridades del préstamo de los 100 millones de dólares contemplábamos la posibilidad de fortalecer la División de Policía Técnica y Científica con las pruebas de ADN, porque eso facilitaría conciliar un desaparecimiento con el hallazgo de una osamenta”, argumentó Cotto.
Desde el año pasado, el gobierno ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa que avalen un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) que serían destinados a la PNC. Los funcionarios no han dado sus votos.
Este martes, Cotto admitió que la corporación policial tiene registro de personas extraviadas que fueron halladas por las autoridades unas 24 o 72 horas después de que sus parientes las reportaran como perdidas. No obstante, sostuvo que hay otros casos en los que la búsqueda se ha extendido por varios meses sin que las víctimas hayan podido ser localizadas.
Eso es lo que ha pasado con los soldados Leonidas Enrique Morales Morán y Nelson Omar Díaz López, ambos de 22 años; y sus compañeros Saúl Humberto Turbín Gómez, de 24, y Wilfredo Pérez López, de 26.
Cotto dijo que la experiencia les ha demostrado que es más fácil dar con el paradero de personas que han sido raptadas en circunstancias relacionadas con problemas familiares o sentimentales; pero agregó que los casos se vuelven complejos cuando deliberadamente las pandillas retienen a sus víctimas para luego asesinarlas y, algunas veces, deshacerse de los cadáveres en fosas clandestinas.
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En repetidas ocasiones, las autoridades han logrado descubrir estos cementerios ilegales con ayuda de delincuentes que participaron en los homicidios aportaron información para la investigación, a cambio de beneficios.
Sin pistas sobre militares
Los cuatro soldados residían en Ahuachapán y Sonsonate. Desaparecieron hace un año, cuando por error abordaron un microbús de la ruta 29A, creyendo que pasaba frente a la Fuerza Aérea Salvadoreña, lugar a donde debían presentarse para recibir un curso militar.
Días después, fuentes policiales revelaron a El Diario de Hoy que hay testimonios de habitantes de la colonia Vista al Lago que indican que cuando el automotor llegó a una cancha de fútbol los esperaban unos 40 pandilleros.
A decir de los lugareños, los delincuentes sometieron a las víctimas, las golpearon y torturaron. Los militares trataron de defenderse en vano. Esa fue la última vez que fueron vistos con vida.
Un reportaje publicado ayer por este periódico revela que los militares desaparecieron sin dejar rastro y hasta hoy nadie los busca, según fuentes policiales.
Meses atrás, la Fuerza Armada los declaró desertores, pero semanas después la institución aseguró que habían sido encontrados sus cadáveres; una información que resultó ser falsa y que generó malestar entre sus familiares.