Cuatro de los cinco policías del Grupo de Reacción Policial (GRP) que son acusados de asesinar a un joven en medio de un enfrentamiento con pandilleros, en San Blas, se declararon inocentes y le pidieron al juez que lleva el proceso en su contra, que los exonere de cargos; según ellos, no hay pruebas que demuestren que los agentes le dieron muerte a la víctima.
Al final de la vista pública realizada la semana pasada, los policías élites le manifestaron al juez de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, Cruz Pérez Granados, que ellos actuaron en legítima defensa, pues fueron atacados mientras llegaban a verificar una denuncia ciudadana.
Ellos reiteraron que no asesinaron al joven Dennis Alexander Hernández Martínez, de 20 años, quien supuestamente era trabajador de la finca San Blas, en San José Villanueva, donde se dio el tiroteo.
Los agentes procesados recordaron que ellos también son víctimas de la ola de violencia que azota al país y que las autoridades hacen poco para evitar que los policías sean asesinados.
Los cuatro policías aprovecharon el beneficio que da el artículo 391 del Código Procesal Penal a los acusados para poder exponer sus argumentos de defensa, al final de una vista pública.
El primer agente en hacer uso de la palabra manifestó al juez, que los policías también son víctimas de la ola de violencia que vive el país y poco o nada se hace para evitarlo. “Nos están asesinando. Hacen poco por nuestros compañeros que están muriendo”, dijo el agente al recriminar a las autoridades del poco interés que, según él, ponen para darles protección a ellos.
Enseguida sostuvo que “con nuestro salario cumplimos órdenes, cumplimos misiones velando por los derechos fundamentales de la persona, de la ciudadanía, no importa el lugar al que nos manden, no importa la carencia del equipo”.
Y prosiguió: “Nosotros corremos riesgos, en nuestras vidas y nuestra libertad. Hemos pasado detenidos por más de un año. ¡Cómo es posible que se nos venga a juzgar, disculpe, sin pruebas concretas, directas de participación!”.
Otro de los policías fue más directo al señalar que “es bastante difícil estar en estos momentos en frente de personas que lo acusan a uno sin saber, sin saber el momento... lo que pasa en el terreno”.
Además, cuestionó cuán “difícil es estar siendo acusados en casos en los que no hay pruebas. Sabemos que nosotros ahora podemos ir a pasar a saber cuántos años dentro de una cárcel. Vamos a dejar una familia sufriendo detrás de nosotros”.
Apeló a la conciencia del juez al señalar que tanto él como sus compañeros, tienen hijos, una familia que depende de ellos. “Soy padre de cuatro hijos, mi esposa y yo, somos seis. Esa familia me ha esperado a mí por más de un año, son quince meses de estar detenidos”, dijo el agente y de inmediato le pidió al juzgador que cuando emita su sentencia considere el trabajo que desempeñan los policías y los riesgos a los que se enfrentan.
“No es fácil. Nosotros la vida la andamos vendida por muy poco dinero. Y, sin embargo, cumplimos nuestra misión. Porque estamos dispuestos a salir y cumplir una misión, y a no regresar”, dijo el policía, quien clamó porque “se me haga justicia, tiene que haberse comprobado, legítimamente, conforme a la ley”, el asesinato por el que se les acusa.
El tercer policía que habló, se paró frente al juzgador y trajo a cuenta que su hija mayor tiene discapacidad física. La voz se le quebró al manifestarle que es el único que llevaba a su hija al hospital Benjamín Bloom para su tratamiento médico.
Relató que gastaba 80 dólares cada mes y que ella lo necesita. Enmudece y solloza por siete segundos. “Mi hija ha perdido sus citas, su señoría... porque no he estado con ella para poder llevarla”. La voz del agente no da para más; pasan segundos, las lágrimas son evidentes, prosigue: “Ella está grave, su señoría. Ella me está esperando”, dijo el agente al concluir su intervención.
Previo a hablar de su hija, el agente consideró que “declarar una sentencia condenatoria considero que sería la peor injusticia que puede haber, porque no se ha comprobado nada, ni responsabilidades directa o indirectamente como dice la Fiscalía”.
El último policía en tomar la palabra habló con más calma. Este agente destacó que él en ningún momento quiso evadir a la justicia, por el contrario, al enterarse por los medios de comunicación que tenía una orden de captura, decidió presentarse al Juzgado de Paz de San José Villanueva, La Libertad.
Aunque él le dijo al juez que es inocente de las acusaciones que le formula la Fiscalía, este policía le pidió al juez que “considerara hacer justicia en nuestro proceso. Y si las pruebas son contundentes en contra mía y de mis compañeros, también haga justicia”.
La muerte de Hernández Martínez ocurrió la madrugada del 26 de marzo del 2016 tras un operativo policial que pretendía desalojar a un grupo de pandilleros que habían llegado a tomarse por la fuerza la finca San Blas en San José Villanueva. Además de Hernández Martínez, en el tiroteo murieron siete pandilleros usurpadores de la finca.
La Fiscalía responsabiliza a los cinco policías élites de haber asesinado a Hernández Martínez, a quien habrían sacado de una habitación para ejecutarlo.
Pero la acusación fiscal se debilitó con el peritaje balístico que demuestra que el plomo alojado en la cabeza del joven estaba deformado y por lo tanto no se pudo determinar de qué fusil de los policías imputados, pudo haber salido la bala que acabó con la vida del joven.
Otras de las debilidades de la acusación fiscal es que nunca demostraron que Hernández Martínez fuera trabajador de la finca ni tampoco si él estudiaba o tenía algún otro empleo, según fuentes judiciales.
El juez Pérez Granados dictará el viernes próximo, si los policías élites son culpables o inocentes de la muerte de Hernández Martínez.