La polémica tocó las puertas del Palacio de Justicia cuando un grupo de magistrados se mostró en desacuerdo con el presupuesto del Órgano Judicial aprobado el viernes, por contravenir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que manda austeridad.
Al final, se decidió revisar el presupuesto, sobre todo porque muchos gastos no estaban incluidos o claros en el documento que les entregaron los técnicos, según revelaron fuentes del máximo tribunal.
El primero en opinar a la salida de un acto público fue el magistrado Rodolfo González, miembro de la Sala de lo Constitucional, quien se mostró ayer en favor de revisar el plan, sobre todo por el gasto en seguros médicos para los magistrados y destinar ese dinero a un mejor funcionamiento del aparato judicial.
“La Corte está estableciendo seguros médicos para los magistrados. Eso tiene que revisarse. ¿Dónde están las necesidades más urgentes? ¿Está en construir edificios o en darle conectividad a los juzgados para que estén al día con la jurisprudencia, en facilitar el acceso de los usuarios, en tener transporte para que no se frustren las audiencias en traslado de reos? Eso es lo que las unidades administrativas, los gerentes y el presidente de la Corte tienen que revisar”, aseguró.
Mientras tanto, un magistrado del Órgano Judicial, quien pidió reserva de su nombre, reveló que hay un fuerte debate entre los magistrados de la CSJ, debido a que la Sala emitió una sentencia donde ordena al gobierno reducir sus gastos.
En una sentencia emitida en julio pasado, la Sala señaló que en la Ley de Presupuesto de 2017 no se establece la totalidad de gastos y que no se incluyen algunos compromisos financieros, por lo que ordenó a los legisladores a eliminar los seguros médicos privados, frenar las contrataciones estatales que no sean en salud y seguridad y la ayuda financiera a organizaciones no gubernamentales, entre otras medidas.
“Al no haberse incluido en el documento del presupuesto la totalidad de gastos que se realizarán en el presente ejercicio financiero fiscal, la Ley de Presupuesto y sus modificaciones en las partidas identificadas es inconstitucional, por violar el principio constitucional de universalidad y equilibrio presupuestario”; señaló en su sentencia el Tribunal Constitucional.
Defienden seguros
Por su parte, el presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, defendió que el seguro médico para empleados y magistrados es algo que se ha venido otorgando desde hace tiempo, por lo que no va en contra de la sentencia de la misma Sala de lo Constitucional porque el monto pagado ha tenido una baja.
“Eso se ha venido otorgando desde hace ya muchos años y por lo tanto no podía dejarse de lado. En cuanto a seguros médico-hospitalarios hay una reducción del orden de medio millón de dólares, y eso creemos que está acorde con lo que la sentencia establece”, opinó.
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Asimismo la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte, Doris Luz Rivas, aseguró que el pago de seguros médicos privados, para el caso de los jueces, está contemplado en la Ley de la Carrera Judicial. Pero, aseguró que la Sala no se ha referido a los seguros en su sentencia sobre el presupuesto de 2017.
“En el tema de los jueces, particularmente, la Ley de la Carrera Judicial así lo establece; en segundo lugar, la Sala no se refirió (en la sentencia) a la eliminación de ese seguro, que está fijado ya por ley”, expresó la magistrada.
Los magistrados agregaron que seis millones de dólares están incluidos en el pago de vehículos, lo que está contemplado en el Ley de la Corte Suprema de Justicia, dijeron.
La Corte Suprema recibió como presupuesto para el 2017 un total de $265.1 millones. De acuerdo con la Constitución, este órgano debe recibir por ley al menos el 6% del presupuesto de la nación, pero en la práctica ha venido obteniendo más de ese porcentaje.
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El FMLN, por su parte, ha criticado duramente la sentencia de la Sala sobre el presupuesto, señalando que la misma no significará un ahorro sustancial, en vista de que el año fiscal está cerca de terminar.
Recientemente, el partido oficial propuso incluir el presupuesto de la Fiscalía General de la República en el de la Corte Suprema, para lo cual se requiere de una reforma constitucional. Consideraron que así se garantizaría que crezca el presupuesto de la Fiscalía.