Tras una amplia explicación legal sobre la Ley, los delitos que rodearon la tregua y los 21 exfuncionarios de Gobierno involucrado, la jueza Antimafia de Instrucción resolvió que habían suficientes pruebas para que 18 implicados fueran a juicio.
Entre los que serán enjuiciados está Raúl Mijango, exmediador de la tregua de las pandillas y Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, así como 16 exfuncionarios más.
Los procesados deberán rendir cuentas por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, falsedad ideológica (documentos con información falsa), actos arbitrarios (órdenes ilegales) e incumplimiento de deberes.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 31 de mayo de 2017
Entre los procesados por diferentes delitos que se habrían cometido durante el autodenominado proceso de pacificación avalado por el gobierno de Funes están el mediador Raúl Mijango y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda. Los implicados serán procesados con medidas alternas a la detención
Rauda se presentó este miércoles ante el Juzgado Especializado para escuchar la resolución. Pero, aunque la Fiscalía había girado orden de detención contra él por el caso de la supuesta malversación de fondos en las tiendas penitenciarias, este no fue capturado. La Unidad de Prensa de la institución explicó que sus órdenes vencen y luego de esto es el juzgado que conoce el caso el que decide si detener o no al imputado.
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Pero tras la minuciosa evaluación de los más de 200 folios, revisión de pruebas, acusaciones y contraacusaciones de los abogados en más de seis días de audiencia preliminar, la jueza encontró que en tres de los procesados no existían suficiente fundamentación como para enviarlos a juicio.
Una de ellos fue Margoth Ivania Tobar de Mendoza, acusada de falsedad ideológica y quien durante el periodo de la tregua formó parte del Consejo Criminológico de Centros Penales, a quien según la acusación, le encomendaron la misión de dictaminar los expedientes de los cabecillas de las pandillas para sacarlos de Zacatraz.
Sin embargo, la jueza dijo que no fue señalada ni por los testigos ni por otras pruebas documentales en los ilícitos.
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En el documento, la Fiscalía General señala que parte de esos fondos habrían sido usados para el pago de un local donde Raúl Mijango había instalado una oficina para atender “las actividades referidas al proceso de pacificación, inclusive bajo esa coyuntura se le ha proporcionado guardaespaldas, además del pago del personal que laboraba apoyándolo en sus actividades en el mismo local”.
El segundo que fue dejado libre fue el comisionado Oscar Aguilar, acusado de agrupaciones ilícitas, delito que según la Fiscalía habría cometido durante su gestión como jefe Antipandillas.
La jueza concluyó que en la Policía hay estructura de mandos pero que además no se había probado que el comisionado Aguilar haya facilitado un vehículo y un celular con fines de la tregua.
De igual manera, la jueza dejó en libertad provisional a Luis Alonso Aguilar Marín, acusado de agrupaciones ilícitas pero la jueza consideró insuficiente lo dicho por un testigo para enviarlo a juicio.
Con los directores de los penales de Izalco, Chalatenango y Cojutepeque, así como de los Consejos Criminológico y equipos técnicos, la jueza afirmó que ellos no estaban obligados a obedecer órdenes que fueran contra la Ley.
Esto porque los imputados y sus abogados argumentaron que ellos recibieron orden jerárquica del director de Penales, Nelson Rauda y éste del exministro de Justicia, ahora de Defensa, David Munguía Payés, con el aval del expresidente Mauricio Funes.
Los abogados y los mismos imputados alegaron que fueron exigidos que en tiempo récord fueran evaluados los expedientes de 55 cabecillas de la pandilla 18 y MS-13 con dictamen favorable para ser trasladados del penal de máxima seguridad a otros más flexibles y que “si no cumplían con la orden serían sancionadas”.
Testigo y diferentes pruebas los vincularon en la introducción de objetos prohibidos en penales, en algunos, casos en cajas con pollo.
Llamarán a declarar a expresidente Funes y ministro Munguía Payés
Por último la jueza cuestionó la labor de varios defensores quienes habiendo pruebas a favor de sus defendidos no las propusieron en el momento adecuado, por último fueron los mismos imputados que pidieron a la jueza que se las admitiera.
Una de las peticiones fue que llame a declarar al expresidente Mauricio Funes, al general David Munguía Payés, el vicepresidente Oscar Ortiz y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
El Juez especializado de instrucción admitió que varios funcionarios del anterior y actual gobierno declaren como testigos en el caso tregua.
Tras ser señalados, algunos de ellos, durante el proceso judicial de apoyar dicho pacto, el expresidente Mauricio Funes, el vicepresidente Óscar Ortiz y el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, declararán como testigos en el juicio.
También, el alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano, ha sido citado para testificar en el caso.
Hechos que salieron a la luz pública durante la audiencia
La audiencia finalizó la semana pasada y este miércoles la jueza brindó la resolución al respecto.
Durante la diligencia judicial, salieron a la luz varios detalles sobre el pacto pandilleril que se dio en el periodo de 2012-2013.
Algunas irregularidades se revelaron en los dictámenes criminológicos para el traslado de 55 cabecillas desde el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a otras cárceles menos rigorosas.
También, un testigo afirmó que Mijango incentivaba el alza y baja de homicidio durante la tregua para obligar al gobierno a seguir con ese proceso y concediera beneficios.
También, se reveló que el gobierno de Funes habría financiado el pacto pandilleril con dinero del Estado.