Al inicio de las investigaciones de la tregua de las pandillas, en enero de 2014, el Ministerio Público, dirigido por el entonces fiscal general Luis Martínez, citó al exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo, y a varios funcionarios para que explicaran cuál era el manejo que le daban al dinero que se obtenía con la venta de diferentes productos en las “tiendas institucionales” en 19 cárceles.
En esa misma ocasión se citó al inspector general de Centros Penales, Anílber Eduviges Rodríguez Villeda, al exdirector de Penales, Douglas Moreno; así como al gerente de las tiendas. Los audios trascendieron luego que un empleado de la Fiscalía, supuestamente, los filtró.
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En las grabaciones se establecía cómo funcionaban las tiendas y para qué era usado el dinero que ahí se recolectaba.
En los audios Nelson Rauda señala, ante fiscales, que el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, le ordenó que tomara dinero de las tiendas de los penales para apoyar el esfuerzo de la tregua de las padillas.
Menciona que se sacaron $2,500 para el pago de los mediadores y, luego, ese montó subió a $5,000. Además de $2,000 y $3,000 para pagarles a cuatro colaboradores de Raúl Mijango. El concepto de pago para esas personas se establecía como “servicios de inteligencia”, según confirman las mismas personas entrevistadas por los fiscales en los audios filtrados.