Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que en el 2018 hubo 3,340 homicidios en todo el país, cifra equivalente a un promedio de nueve muertes por día. Los departamentos donde hubo más hechos violentos fueron San Salvador, La Libertad y San Miguel: el primero cerró con 978 casos; el segundo con 403 y el tercero con 279.
En contraste, Cabañas, Chalatenango y San Vicente registraron menos muertes violentas: hubo 79, 80 y 83 casos respectivamente.
Además, la institución reportó 383 feminicidios en todo el año. Los departamentos que tuvieron un incremento de víctimas con respecto al 2017 fueron Sonsonate, Usulután y San Vicente (ver nota aparte).
El director de la PNC, Howard Cotto, destacó este miércoles en una conferencia de prensa, una reducción de un 16 por ciento de homicidios en todo el país, en comparación con el 2017, cuando hubo 3,962 casos.
Este balance no incluye a las más de 3,500 personas que, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, fueron reportadas como desaparecidas hasta el 18 de diciembre. Expertos forenses han señalado en reiteradas ocasiones que nueve de cada diez personas que son reportadas como extraviadas podrían estar muertas y enterradas en tumbas clandestinas.
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De cumplirse esto, al sumar la cifra de homicidios con la de los desaparecidos, las muertes violentas en 2018 ascenderían a 6,840 y se duplicaría el promedio diario.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, tiene un criterio particular frente al tema de las personas desaparecidas. Él sostiene que solo un 10 por ciento de ellas habrían sido asesinadas por grupos delincuenciales; mientras que el 90 por ciento aparece con vida unos días después de ser reportadas por sus familiares. Luego regresan al hogar pero los denunciantes no acuden a las instituciones a informar que ya las encontraron y eso, según el funcionario, impide depurar la lista.
Al respecto, Cotto sostuvo ayer que la PNC no comparte la cifra de desaparecidos que maneja el Ministerio Público o que pudiera tener el Instituto de Medicina Legal sobre los desaparecidos, ya que “no son reales”. El director policial aseguró que no existe ninguna institución que por sí sola tenga una cifra exacta de desaparecidos.
“Hemos firmado a fines del año un protocolo importantísimo entre la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y Medicina Legal que nos va a llevar a consolidar los datos sobre personas desaparecidas en El Salvador. Esa es una de las debilidades que tenemos a este momento”, expresó Cotto.
Hubo más de 1,600 crímenes en sitios donde se ejecuta el PESS
El año pasado, las autoridades también registraron 1,640 muertes violentas en los 25 municipios donde se aplica el Plan El Salvador Seguro (PESS).
Pero Cotto señaló que en estas mismas jurisdicciones en el 2017 hubo 1,918 homicidios, lo que significa que hubo 278 casos menos el año pasado.
Los municipios donde se implementa el PEES son: Ahuachapán, Chalchuapa, Nahuizalco, Izalco, San Juan Opico, Quezaltepeque, Apopa, Olocuilta, San Pedro Perulapán, San Martín, Santiago Nonualco, Ilobasco, San Vicente, Usulután, Conchagua y San Miguel.
Además de Zacatecoluca, Colón, Mejicanos, Ciudad Delgado, Jiquilisco, Sonsonate, San Salvador, Soyapango y Cojutepeque.
El PEES fue lanzado en julio 2015 en los municipios que registraban mayores índices de violencia. La medida surgió con el objetivo de reducir la criminalidad con la ejecución de diferentes acciones en los que participan instituciones públicas, privadas y la ciudadanía.
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El jefe policial también informó que durante el 2018 hubo 46 municipios en los que no hubo homicidios. En este listado no está ninguna de las jurisdicciones donde se lleva a cabo el plan. Cotto manifestó que es “complicado” que estos municipios cierren sin ningún asesinato debido a que, precisamente, fueron incluidos en el proyecto por la alta incidencia delictiva que tenían.
A pesar de que la cifra de muertes violentas en el país es elevada, las autoridades consideran que hay avances en el tema de seguridad.
“El año que recién finaliza ha presentado avances en diferentes aspectos, como la reducción en la cantidad de municipios más afectados por esta problemática comparado con años anteriores”, destacó Ramírez Landaverde.
Él afirmó que hubo 181 municipios que registraron menos de 10 muertes violentas en todo el año. Esta disminución la atribuyó a la ejecución del PEES.
La disminución de hechos sangrientos también se le ha adjudicado a la implementación de la medidas extraordinarias de seguridad en siete de los 19 penales del país desde abril de 2016. En estos recintos están recluidos varios cabecillas de pandillas, a quienes se les achaca la mayoría de hechos de violencia registrados en el país.
Las medidas extraordinarias consisten en el bloqueo de las llamadas telefónicas, de uso de internet, de visitas familiares a reos, de libre movilidad interna en los penales y traslados de reos a audiencias judiciales, además de presencia militar y policial en los perímetros de los presidios. Antes de que entraran en vigencia las medidas, los pandilleros ordenaban desde las cárceles cometer homicidios y extorsiones, de acuerdo a las autoridades.
“Todos los indicadores de violencia se han reducido a la mitad con los que iniciamos el 2015 y todos los años siguientes hemos tenido reducciones de forma gradual”, según Ramírez Landaverde.