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Los salvadoreños de Long Island se preparan para el final del TPS

Las familias salvadoreñas que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) se preparan ante un futuro incierto tras la cancelación del programa.
Los salvadoreños de Long Island se preparan para el final del TPS
Fotos/ Eileen Grench

Por Agencias

26 diciembre, 2018

Abigaíl Cruz, de nueve años, se mostraba nerviosa en sus tacones brillantes y vestido floreado cuidadosamente planchado. Esperaba entre 13 pequeñas concursantes con sus bandas blancas de seda en frente de una gran audiencia en la iglesia San Patricio.

La madre de Abigaíl, Blanca Villalobos, también estaba ansiosa, inclinándose hacia el escenario desde su lugar en la primera fila de sillas. Esa mañana, Villalobos había peinado el largo cabello castaño de su hija y puesto una rosa. Ahora sonreía para darle ánimo a su hija que la miraba con timidez.

Cruz y sus amigas representaban los 14 departamentos de El Salvador en el evento más esperado del año en San Patricio. Fue la celebración anual del Divino Salvador del Mundo, lo cual incluyó el concurso de belleza Miss Chiquitita. Pupusas humeaban contra el comal hirviendo y dentro de poco se apilaron sobre las mesas plásticas situadas contra la pared, al mismo tiempo que el raspar del hielo llamaba a los niños a comer minuta.

Fotos/ Eileen Grench

Pero este concurso no se llevó a cabo en El Salvador, sino en el sótano de una iglesia católica en Glen Cove, Long Island. Abigaíl, como muchas de sus amigas, es una ciudadana americana, nacida en Long Island después de que sus padres vinieron a los Estados Unidos hace unos 18 años. El gobierno americano le permitió a su madre quedarse bajo el Estado de Protección Temporal (TPS), el programa especial que inició en 2001 después de que dos terremotos devastadores sacudieron a El Salvador. El programa TPS habilitó a cualquier ciudadano salvadoreño, ya en los Estados Unidos, para vivir y trabajar legalmente mientras su país se reconstruía.

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El programa fue diseñado para ser temporal, pero fue renovado año tras año, 17 años seguidos. Esto permitió que muchos de los 200,000 tepesianos, como Villalobos, tuvieran hijos, compraran casas y empezaran negocios en los Estados Unidos. Ahora, casi 15,000 tepesianos salvadoreños residen en Long Island.

Pero esas profundas raíces americanas ahora están en riesgo de ser arrancadas por las políticas migratorias de ese país. El 8 de enero, la administración del Presidente Donald Trump anunció el fin del TPS para ciudadanos salvadoreños, argumentando que El Salvador se había recuperado ya de los terremotos. Se tomó la decisión a pesar del hecho de que el gobierno de El Salvador no estaría preparado para el retorno eminente de los tepesianos, según los documentos de la misma administración estadounidense. Un influjo de ciudadanos retornados podría exacerbar la desestabilización de un país plagado con violencia, y empujar a más migrantes a tomar el camino hacia el  norte – factores que influyeron a administraciones anteriores a renovar el TPS por tantos años adicionales.

Fotos/ Eileen Grench

Esta vez, se les avisó a los beneficiarios que debían aplicar a otro estado legal o salir del país antes del 9 de Septiembre de 2019. Pero muchos tepesianos tienen poca oportunidad de obtener la residencia legal. Aun si los beneficiarios tienen niños adultos, esposos ciudadanos o trabajos que podrían patrocinarlos, los que entraron al país indocumentados hace más de 18 años –como muchos hicieron durante la guerra civil—pueden ser rechazados.

Una Decisión Difícil

El miércoles 4 de octubre, el Juez Edward Chen del circuito nueve en los EE. UU. emitió una orden preliminar de restricción contra el fin del TPS para El Salvador y tres países más – una victoria temporal, pero bien recibida por familias como los Villalobos. Pero aún si el Juez Chen decide a favor de los tepesianos, quedan muchos obstáculos en el camino de los tepesianos que viven en Long Island.

La administración de Trump no consideró el “rango total de condiciones de país” cuando emitió la decisión de TPS – un cambio de procedimiento en comparación con años anteriores–  escribió Chen en un archivo judicial.

Pero una orden de restricción permanente no necesariamente prohibiría al gobierno tomar un segundo vistazo más holístico de las condiciones de El Salvador y llegar a la misma decisión que antes. El caso podría también ir frente a la Corte Suprema, donde encararía una mayoría conservadora de 5 contra 4.

En el peor de los casos para los tepesianos, una decisión para el gobierno en el caso Ramos dejaría a las familias justo donde estaban antes: con una orden de deportación. La última esperanza para beneficiarios yace en dos propuestas de ley en el congreso intentando otorgar la residencia para los tepesianos, pero se han retrasado en su proceso. Sin ninguna solución clara en el horizonte, las familias están encarando dos opciones muy duras. Los tepesianos pueden dejar a sus niños atrás en los EE. UU. y regresar a uno de los países más violentos del mundo o desaparecer entre los millones de migrantes sin documentos viviendo en América.

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Políticos locales defendiendo a los tepesianos dicen que una deportación masiva sería devastadora para Long Island. Un análisis del Condado de Suffolk muestra una reducción de $1.4 billones de dólares en la economía local con la posible ausencia de los salvadoreños. Y para las madres tepesianas, las preocupaciones son mucho más alarmantes.

De vuelta en la iglesia San Patricio, del lado opuesto al escenario, un grupo de mujeres se reunía alrededor de una mesa plástica. “Save TPS” (Salva el TPS) estaba escrito sobre un póster que colgaba sobre la mesa. Las mujeres podrían haber sido confundidas por madres de familia en una junta escolar si no fuese por los letreros condenando la separación de sus familias. Mientras el público terminaba de comer, dos voluntarias se dispersaban por la sala, vendiendo boletos de rifa con la esperanza de recaudar suficientes fondos para unirse a una protesta organizada por Alianza Nacional TPS en Washington D.C.

“Estamos rifando una plancha de cien dólares, ¿han comprado sus boletos?”, preguntó Adela Rivas con una sonrisa al acercarse a una familia comiendo pupusas. Sin poder resistir la intensidad de su mirada, la familia no tuvo opción más que sacar sus billeteras.

“Gracias!”, sonrió Rivas.

Rivas –también tepesiana— siguió con determinación a cualquier persona que no hubiese comprado todavía un boleto y hasta llenar su contenedor de plástico con dólares.

Rivas trabaja limpiando casas en Long Island y de noche apoya el comité local de Tepesianos. Con 41 años, ella llegó a los EE.UU. a la temprana edad de 17 años. Se casó con otro tepesiano, y ahora es mamá de dos hijas de 7 y 12 años. También es dueña de una casa en Glen Cove.

“Temo por mis hijas,” dijo contemplando lo que podría pasar si fuera obligada a regresar a El Salvador. “Veo las noticias y pienso ‘Dios mío’”.

El año pasado, ocurrieron 60 asesinatos por cada 100,000 habitantes en El Salvador, una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Datos recientes del gobierno salvadoreño demuestran que ha habido una leve reducción.

“Si nos quedamos en el sofá mordiéndonos las uñas, nunca lograremos nada,” dijo Rivas. “Mejor luchar por la residencia, por algo positivo”.
Rivas espera que las marchas y la creciente presión en el congreso permitan que su familia y otras en su misma situación permanezcan legalmente en los Estados Unidos.

Ayuda de los oficiales locales

En los 17 años desde que llegaron a Long Island, muchos tepesianos se han convertido en negociantes y dueños de casas. Y mientras luchan por su derecho a quedarse, los políticos locales de Long Island les han apoyado. En una carta escrita al congreso, los ejecutivos Steven Bellone y Laura Curran de los condados de Nassau y Suffolk, respectivamente, citaron una “pérdida potencial de hasta 13,500 trabajos”, si se deporta a los tepesianos. Los oficiales también exhortaron al congreso a “apoyar y defender una solución legislativa para mantener a miles de familias y contribuyentes en Long Island”.

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El año pasado, el comité local de tepesianos –TPS Camino a la Residencia—se juntó con la Alianza Nacional TPS para apoyar dos legislaciones que darían la residencia permanente a los tepesianos. El acto SECURE y el Acto de Promesa Americana (American Promise Act) están en la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado, respectivamente. La Alianza Nacional TPS espera recibir más apoyo de parte de los legisladores elegidos durante la reciente elección de medio trimestre y tienen esperanza de poder pasar una legislación proresidencia en el 2019.

Pero mientras la lucha de los tepesianos se hace más urgente, más crisis migratorias y propuestas de ley, principalmente una que solidificaría el estado migratorio de los niños DACA, están tomando el papel protagónico.

Entonces, para ganar tiempo, los tepesianos están mirando hacia las cortes, como en el caso de CASA de Maryland versus Trump, presentado en la Corte del Distrito Federal de Maryland a mediados de septiembre.

El caso afirma que la decisión de terminar el TPS para los salvadoreños fue hecho de manera discriminatoria. Ramos v Nielsen, donde la orden de detener el fin del TPS se emitió, se enfoca en los niños ciudadanos de todos los beneficiarios del TPS, sin importar de donde provengan sus padres. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus signos en inglés) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las organizaciones que presentaron el pleito Ramos, afirman que el fin del TPS viola los derechos de los niños por el hecho de obligarles a escoger entre sus padres y su país natal.

“[El pleito] es sobre niños porque tenemos muchas familias donde ambos padres son beneficiarios del TPS”, dijo Evelyn Hernández, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional del TPS. “¿Qué le pasará a estos niños si sus papás son deportados?”.

Todavía en Peligro

En San Patricio, Elmira Valle contempló lo que podría suceder a su hija de 13 años, Lisbeth, si termina el TPS. Lisbeth recién había ofrecido a sus papas –ambos Tepesianos– una solución sorprendente: Puede simplemente entrar al sistema de acogidas temporales.

“Como madre, tengo miedo”, dijo Valle, mientras miraba a un grupo de niñas riéndose en la esquina. Valle se aterrorizó al escuchar las alegaciones de abuso en las agencias de acogida temporal donde alojaban a los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México.

“Si solo fuera yo, no me importaría”, dijo Valle. Pero su hija “es la única que tengo”.

Marta (su nombre ha sido cambiado por razones de seguridad), de treinta años, también asistió al concurso en Glen Cove. Ella es beneficiaria de DACA, una hija adulta de padres tepesianos y madre de tres. En el 2014, dejó EE.UU. para visitar a su familia en Santa Ana, El Salvador. Pero cuando iba a regresar a los EE.UU., se dio cuenta de que sus papeles se habían vencido. De repente, Flores se encontró separada de sus hijos y viviendo la pesadilla que todos los tepesianos temen, sin conocimiento de que nunca podría regresar.

“Me sentí terrible, ¡había tanta inseguridad!”, dijo Marta. “Mi familia me dijo que ni hablara en público porque la gente escucharía un acento”.

Después de seis meses de temor, el permiso de viajar llegó y pudo reunirse con sus niños en Long Island. Pero después, una noticia impactante le llegó de El Salvador.

“Había un niño vecino que vivía a la par”, dijo. “Le sacaron de la casa y le mataron”.

Pronto, el DJ en San Patricio llamó al público a prestar atención al frente del escenario. Una por una, cada competidora de la Miss Chiquitita desfiló entre dos palmas de papel maché hasta que llegaron todas al frente de la sala.

Al final, una niña vestida de blanco –la reina del año pasado— caminó por el pasillo para otorgar su corona a la próxima ganadora.

La ganadora fue Abigaíl Cruz.

Fue un momento de felicidad durante un tiempo muy oscuro en la vida de Abigaíl y su mamá.

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“El otro día, me preguntó por qué quieren mandarnos de regreso si no soy mala persona”, recordó Villalobos. “Me hizo reír cuando dijo: “Si viene la migra, yo los corro y nunca dejaré que te lleven”.

Antes de la incertidumbre del TPS, la familia Villalobos planeaba comprar una casa. Ahora, tienen que esperar. Hay mucha incertidumbre también alrededor del esposo de Villalobos, quien trabaja en paisajismo. ¿Qué pasará si pierde su licencia de conducir? ¿Cómo llevarán los niños a la escuela? Algo es seguro: sus hijos no irán a El Salvador.

“Algunas personas me decían que firmara un poder para que otra persona, un residente, pudiera encargarse de mis niños”, dijo Villalobos. “Pero no lo voy a hacer … Me siento que, si firmo esa carta, me estoy dando por vencida y no quiero dejarme. Quiero seguir luchando”.

 

NOTA: Este reportaje fue escrito por Eileen Grench y publicado originalmente en documentedny.com. Ha sido traducido al español por su autora para El Diario de Hoy.

26 diciembre, 2018

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agencias.EDH


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