La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy el número de fallecidos en Nicaragua durante las protestas que afronta el país hasta 322, y señaló que la mayoría de ellos derivan de la represión estatal.
De acuerdo con un comunicado de la institución, de los más de tres centenares de muertos como resultado de la situación de crisis que vive el país, 21 corresponden a policías y otras 23 a niños y adolescentes.
"La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado", explicó el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reclamó "el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas".
Los datos se extraen de la octava semana de trabajo en el terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y llegan después de más de cuatro meses desde que empezaran los disturbios.
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Por otra parte, el organismo defensor de los derechos humanos dijo haber percibido "una disminución de las acciones violentas".
La CIDH también puso el foco sobre la criminalización que ha ejercido el Gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las manifestaciones y sobre quienes expresaban su desacuerdo con su Ejecutivo en las calles.
"La Comisión (...) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados", incidió la entidad, que aseguró que las autoridades locales han realizado un uso "generalizado" del delito de terrorismo en este marco.
Este discurso -continuó en el escrito- provoca unas condiciones de "hostilidad e intolerancia" contra los manifestantes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
En esta línea, señalaron que "es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron" en virtud de este.
"El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales", señaló el comisionado Francisco Eguiguren.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron en abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.