El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) instó ayer al Gobierno de Nicaragua facilitar información sobre la violencia ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ha dejado centenares de muertos.
“El GIEI insta al Gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y la demás información solicitada oportunamente”, según un documento de ese equipo, leído por el experto en derechos humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra.
Ese grupo de expertos, al no recibir hasta ahora esa información, dejó sentada “su preocupación por esta situación, la cual repercute negativamente en las tareas que nos han sido encomendadas”, continuó Incalcaterra.
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El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas iniciadas en abril pasado y que han dejado entre 317 y 448 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 198.
El grupo ha pedido información a la Cancillería, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, entre otros.
Sandinistas rechazan a la OEA
Asimismo, la mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron ayer una declaración de rechazo al Grupo de Trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.
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La declaración, denominada “Rechazo al injerencismo” y que coincide con la posición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con el voto a favor de 70 diputados sandinistas y sus aliados, y 17 en contra, dijo ante el pleno el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras.
También respalda la decisión del Gobierno nicaragüense “de no recibir dicha Comisión en nuestro suelo patrio”, ya que lo considera “inaceptable”.