La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que los abusos cometidos en Nicaragua en las últimos meses son consecuencia de la erosión de las libertades fundamentales y la fragilidad del Estado de Derecho a lo largo de los años.
"La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho", afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein.
Esta es la conclusión de la visita de expertos de la Oficina al país centroamericano en plena crisis social y política, en la que más de 300 personas han muerto, miles han resultado heridas, más de 700 han sido detenidas arbitrariamente y muchas de ellas han sufrido presuntamente malos tratos, según el organismo.
"También se han reportado casos de desapariciones", denuncia el comunicado.
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"Aunque agradezco al gobierno de Nicaragua la invitación extendida a la Oficina a ir al país, en estos momentos urjo a las autoridades a tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para proteger a la población y evitar más muertes", afirmó el alto comisionado.
Asimismo, instó al ejecutivo de Daniel Ortega a que desmantele inmediatamente a las milicias progubernamentales.
"Pido al gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente, han sido responsables de la represión y los ataques", sostuvo el alto responsable.
El documento denuncia que la violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose, en particular contra las comunidades que han erigido barricadas como forma de protesta o como medio de autoprotección.
"Hay señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros".
Finalmente, el alto comisionado puso énfasis en la necesidad de hacer frente a la impunidad y garantizar la justicia a las víctimas.
"Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la Justicia. También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", concluyó Zeid.