El Gobierno de Nicaragua quiere detener las protestas contra el presidente Daniel Ortega “a punta de balas”, dijo ayer la líder campesina Francisca Ramírez, en referencia a los actos violentos que han causado la muerte de al menos 76 personas en el país centroamericano.
“Quieren quitarnos (de) las calles a punta de balas”, dijo Ramírez, durante una manifestación en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua.
Un informe preliminar emitido el lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Gobierno nicaragüense de un “uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”, a los que identificó como “grupos parapoliciales”.
El Gobierno ha insistido en que los manifestantes deben quitar los bloqueos de las carreteras o “tranques”, lo que coincide con ataques de grupos oficialistas a los manifestantes que se encuentran en dichos puntos.
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Los campesinos han insistido en que los tranques tienen doble objetivo: presionar al Gobierno de forma pacífica para que renuncie Ortega, y defenderse de los ataques armados de la Policía Nacional y grupos oficialistas.
“No tenemos otro camino más que juntarnos los nicaragüenses para poder combatir con las masas de personas que está poniendo el Gobierno para matar al pueblo”, señaló la líder campesina.
Según Ramírez, Ortega “está haciendo grupos paramilitares para querer amedrentarnos, pero aquí hemos dicho: No hay miedo”.
La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua inició el 18 de abril pasado, y se mantiene con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega, que comenzaron con protestas en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales en actos de represión.