El máximo tribunal constitucional de Guatemala determinó que la Corte Suprema de Justicia debe revisar y resolver una solicitud de retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales por su presunta responsabilidad en la muerte de 41 niñas tras el incendio de un hogar estatal en marzo de 2017, y que hace meses rechazó tramitar.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo a los diputados opositores Sandra Morán y Locadio Juracán, quienes el año pasado solicitaron que se investigara a Morales tras el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que también dejó a otras 15 niñas con serias quemaduras y amputaciones en sus cuerpos.
El fallo se tomó el martes, aunque se divulgó ayer.
El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, manifestó que la resolución deja “mucho que desear”.
“Nosotros lo que pensamos es que la Corte de Constitucionalidad está tomando acciones que, verdaderamente, dejan mucho que desear en el ámbito de la jurisprudencia”, declaró el vicepresidente al ser preguntado por la prensa.
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Según los diputados demandantes, el presidente habría manejado mal una crisis que inició con enfrentamientos entre algunos menores y las autoridades y terminó un día después con el incendio.
El Hogar estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que, jerárquicamente depende del Ejecutivo. En la denuncia, los diputados consideraron que el mandatario no cumplió en ordenar medidas de protección a los menores.
Los diputados denunciaron a Morales ante la fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento de deberes de asistencia.
El presidente y su gobierno han negado cualquier irregularidad en su actuación.
Cuando se presentó la denuncia, la Suprema Corte ni siquiera aceptó analizar la petición de retirar la inmunidad, sin dar ningún argumento.
El incendio en el hogar fue la culminación de incidentes que antes se habían denunciado que ocurrían en el lugar.
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Según organizaciones de derechos humanos, previamente se había denunciado que en el hogar los menores que estaban recluidos por resguardo de su seguridad y que no estaban vinculados a hechos delictivos, eran víctimas de vejaciones y abusos sexuales.
El 7 de marzo un grupo de niños y jóvenes recluidos huyeron del hogar, pero fueron detenidos horas después. Tras enfrentarse con policías, los jóvenes quedaron recluidos de nuevo en el hogar y como castigo las autoridades del lugar encerraron bajo llave en un pequeño salón a 56 niñas.
Luego de pasar horas sin servicio sanitario ni comida, las menores incendiaron colchonetas de esponja como protesta, lo que provocó un incendio. En el lugar murieron 19 de ellas y 22 más en hospitales. Por el caso hay 10 personas ligadas al proceso, entre ellos varios exfuncionarios que están en prisión.