El expresidente Álvaro Colom orquestó un proceso fraudulento para sustraer al erario público de Guatemala 35 millones de dólares, una cantidad con la que, supuestamente, se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como “Transurbano”.
“Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo”, dijo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana.
Velásquez y Aldana detallaron que el Gabinete de Gobierno firmó el acuerdo gubernativo para la concesión de los fondos, siendo “la consagración de todo el mecanismo de engaño” (fraude) y la entrega del dinero, de forma “arbitraria”, lo que generó la perpetración del delito de malversación, pues no se realizaron los estudios oportunos que acreditaran la necesidad de ese subsidio.
Pero además, los miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) crearon cuatro sociedades anónimas, el mismo día con la misma notaria y el mismo propósito, con el fin de “captar los recursos que se destinarían” a instalar el sistema prepago en el servicio de autobús.
Te puede interesar: Expresidente Colom y exministros capturados por caso Transurbano
“En el caso de la actual investigación, se pudo establecer que el artificio para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del acuerdo y la erogación de los recursos”, resumió Aldana.
Tanto la fiscal como el comisionado insistieron en que varios actores que deberían tener voto en este proceso, como la Procuraduría General de la Nación o la Municipalidad de Guatemala, no intervinieron en el proceso, en el que no se hizo estudio alguno ni análisis para su evaluación.