Con su hija de año y medio en brazos, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, fue contundente: a su familia no la van a quebrar ni intimidar.
Mientras su pequeña Miranda interrumpía el mensaje que el líder opositor venezolano daba este jueves a la prensa, sus vecinos y otros simpatizantes le gritaban “¡bravo!” y aplaudían.
Guaidó, quien estaba acompañado de su esposa Fabiana y su abuela paterna, denunció que las fuerzas de seguridad de Venezuela se habían presentado en el apartamento de su esposa --que ambos comparten en el este de Caracas-- para intentar intimidarlo y que los funcionarios llegaron a bordo de motocicletas y una camioneta.
“El objetivo es muy evidente y el objetivo es evidente que no lo lograron”, manifestó el también presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Guaidó responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la seguridad de su familia.
En una declaración en Twitter, el Comandante General de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda, negó que agentes de ese organismo hayan ido a la casa de Guaidó y desestimó el incidente, catalogándolo de “totalmente FALSO”.
Cuando Guaidó denunció las amenazas, presentaba ante seguidores un plan con el que busca rescatar a Venezuela de su grave crisis económica.
Aseguró que su hija estaba en el apartamento y que la policía pareció abandonar el lugar poco después de su llegada.
Varias decenas de personas del sector, algunos golpeando cacerolas, se apresuraron de inmediato al frente del edificio Yacambu, localizado en un barrio de clase media de la capital, para respaldar Guaidó.
Desde las ventanas del edificio, los vecinos sacaron banderas venezolanas en señal de apoyo.
El incidente se produjo horas después de que el Parlamento Europeo llamase a los estados miembros de la Unión Europea (UE) para que reconozcan a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó asumió la presidencia de forma interina, luego de que el Parlamento de Venezuela declarara “usurpador” a Nicolás Maduro por tomar posesión de un segundo mandato de seis años tras unos comicios que la comunidad internacional considera fraudulentos.
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Poco después de regresar a su apartamento, Guaidó salió a la calle para agradecer a sus vecinos por denunciar oportunamente la presencia de los agentes. Destacó que personas del sector “tuvieron a bien proteger y resguardar” la edificación de siete pisos mientras los agentes preguntaban por su esposa, una comunicadora social de 26 años.
Los agentes, que llegaron en motos y vehículos sin rótulos, se “identificaron como miembros del FAES”, señaló. Las FAES son la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana.
Guaidó, que ha dicho que está consciente de los riesgos que corre tras asumir como presidente interino, ha estado bajo el asedio de los chavistas a medida que crece el apoyo internacional hacia él.
Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, prohibió a Guaidó abandonar el país y congeló sus cuentas bancarias, mientras que el fiscal chavista Tarek William Saab, cercano aliado de Maduro, continúa las investigaciones en su contra.
“Otra vez el jueguito de intimidación, otra vez el jueguito les sale muy mal”, aseveró Guadió en alusión a la detención temporal de la que fue objeto a mediados de enero por agentes adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes fueron arrestados posteriormente tras liberarlo.
Temen detención de Guaidó
Los abogados de Guaidó en Washington pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplíe las medidas cautelares para su representado ante “la inminencia de su detención”, en una solicitud cuyo contenido fue difundido este jueves.
El pasado 25 de enero, la CIDH otorgó medidas en favor de Guaidó al considerar que sus “derechos a la vida e integridad” están en “situación de riesgo” tras su autoproclamación y pidió al Estado venezolano su protección.
Los abogados consideraron que a raíz de esta decisión “existen indicios suficientes sobre la posibilidad de una detención arbitraria” de su representado y que esta situación “pone en peligro su vida y su integridad personal”.
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Por su parte, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó que funcionarios del cuerpo de Fuerza de Acciones Especiales rodearan la casa de Juan Guaidó, informó el diario venezolano El Nacional.
Rubio consideró que la acción fue “un esfuerzo para intimidar” y también fue un globo de prueba para ver cuál sería la reacción ante su posible detención.
El medio además consignó la reacción del Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, quien reprochó la medida de intimidación hacia Guaidó.
“Condenamos enérgicamente la intimidación al Presidente @jguaido y su familia x parte de las fuerzas represivas de la dictadura usurpadora de #Venezuela. Ése es el “diálogo” de @NicolasMaduro; esperemos que ningún país democrático ni organización se preste a ello”, tuiteó Almagro.
HRW: ley amnistía es imprecisa
Por otro lado, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió que el proyecto de Ley de Amnistía que discute el Parlamento de Venezuela sea reformado para garantizar que “cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del Estado responsables por graves abusos”, alertó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en un comunicado difundido en Washington.
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La organización no gubernamental se pronunció sobre el proyecto aprobado en primera discusión el pasado 22 de enero por el Parlamento, de mayoría opositora, y que se espera aplicar a quienes están siendo procesados penalmente por motivos políticos, así como a funcionarios civiles y militares que “colaboren en la restitución del orden constitucional” en ese país.
“Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela”, dijo Vivanco.
A juicio de HRW, la ley “tiene términos muy amplios y no especifica qué delitos quedarían cobijados”, ni explica su implementación.