Un grupo de habitantes de cantones y caseríos aledaños a la presa El Chaparral han mantenido paralizado, desde el lunes pasado, la construcción de esta obra hidroeléctrica, ya que cerraron la única calle de acceso al proyecto, impidiendo la entrada y salida de trabajadores y vehículos del lugar, incluso de los contratistas nacionales y extranjeros que están trabajando en la zona.
La mayoría de los vecinos son del cantón San Antonio Las Iglesias, del municipio de San Luis de la Reina, al norte de San Miguel, quienes aseguraron que el cierre es por el incumplimiento de varias obras sociales por parte de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Gumercindo Ramos, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Antonio Las Iglesias, explicó que a pesar de las reuniones con ingenieros y técnicos de la autónoma, y de los acuerdos logrados, no existe voluntad de CEL de ejecutar los 20 proyectos solicitados por los pobladores de este cantón y sus caseríos.
“Las reuniones con CEL y su gente han sido muchas, incluso hace menos de un mes nos reunimos con el presidente de la CEL y llegamos a un punto de entendimiento pero en los últimos días no hemos visto voluntad de beneficiar a la gente, no se puede hacer una presa sin pensar en la comunidad”, dijo el dirigente comunal.
El principal punto de discordia, según Ramos, es la construcción de una calle comunal que conduce del cantón al Río Torola, la cual se está construyendo sin cumplir con los parámetros técnicos acordados y que ha sufrió daños luego de las últimas lluvias.
“Ellos ofrecieron una calle amplia, de concreto, pero solo se está haciendo con piedras y muy estrecha, lejos de ser una solución será un problema porque también es una vía de interés turístico y el río es una importante fuente de ingresos y de esparcimiento para todos”, valoró Ramos.
El líder comunal confirmó que el presidente de CEL, David López, llegó ayer al mediodía a reunirse con lugareños en una oficina de El Chaparral pero que estos condicionaron que el encuentro se celebrara en el lugar del cierre, lo cual no se dio.
Este periódico confirmó que en la tarde en el proyecto no se estaban realizando obras y que personal de los contratistas internacionales como los argentinos JC Cartellone estaban en su campamento, a la espera de que se reanudará el acceso al proyecto.
“El cierre afecta la ejecución de la obra pero es algo que solo CEL debe responder, no sabemos que pasa”, dijo un técnico, que no quiso confirmar su identidad.
Por su parte el alcalde de San Luis de La Reina, Gamaliel Portillo, dijo que aunque las exigencias de la comunidad son legítimas no se puede paralizar la inversión pública cuando existen mecanismos de negociación para superar estás diferencias.
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“Lo que ellos piden es válido pero yo estoy del lado de que no se paralice un proyecto que no solo es importante para el municipio sino que para todo el país”, subrayó el edil de este municipio, donde está ubicada la presa.
Portillo además aseguró que el ha participado de reuniones con López y que la autónoma ha mostrado disposición de apoyar los programas sociales, aunque recordó que para esto hay procedimientos.
“Cómo alcaldía apoyamos todo lo que favorezca a la comunidad pero la gente debe de recordar que toda obra de interés social lleva un proceso, no es de un día para otro”, agregó el edil.
Al cierre de esta nota (6:45 p.m.) la calle de acceso continuaba obstaculizada y los lugareños insistían en mantener el cierre, aunque la Policía Nacional Civil les aseguró que de continuar la situación se procedería al desalojo.
La presa El Chaparral está siendo ejecutada por diferentes contratistas salvadoreños y varios extranjeros de Argentina, Rusia y Costa Rica y según cifras de la CEL costará más de $290 millones, los cuales son adicionales a los $108.5 millones que pago en 2011 la autónoma a la empresa italiana Astaldi.