“Desde el punto de vista económico y social, el subsidio del agua es ineficiente”, concluyó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su último análisis sobre el beneficio y las tarifas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Según el documento, los cambios en las tarifas cobradas y las medidas de entrega del subsidio no reflejan la eficacia y eficiencia de las políticas públicas en su afán de mejorar las condiciones de vida de la población.
José Andrés Oliva, economista de Fusades y autor del análisis, destacó que uno de los principales problemas es la estructura misma del subsidio, puesto que por ahora se entrega el beneficio a los salvadoreños según los metros cúbicos que consuman y no por la condición social en la que se encuentren.
De ahí, dijo, se explica que tienen un sentido tan generalizado y demasiado amplio que no diferencia entre quién lo necesita y quién no; entre el grupo de personas que no son pobres pero reciben el subsidio (error de inclusión) y el de los que viviendo debajo de la línea de pobreza, no lo reciben (error de exclusión).
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ANDA no cuenta con un registro de distribución de subsidios por departamentos, por área rural y urbana, porque éste se aplica en función del nivel de consumo de agua potable, bajo la modalidad de discriminación de precios; es decir, que los hogares que consumen hasta 40 m3 pagan un precio menor por el servicio. Esta es la misma razón por la que “el monto resultante es variable”, justifica la misma autónoma en todas sus notas de inexistencia de información sobre incentivos fiscales. “Los servicios que se consumen a gran escala con precios fijos, debido a su generalidad, son en sí mismos malos focalizadores de recursos públicos; dada su característica de estar tan extendidos sobre la población que cuenta con el servicio como el agua, resultan ser demasiado amplios y no diferencian entre quién lo necesita y quién no lo necesita, configurando así un vehículo ineficiente para alcanzar a los segmentos más pobres”, apuntó Oliva.
Para el economista, el beneficio es aún más excluyente si se considera que solo tienen subsidio aquellos que cuentan con conexión de cañería de ANDA que, citando a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), solo representa al 29.7 % de la población salvadoreña en condición de pobreza.
“Esta condición implica que la eficacia del subsidio de ANDA tiene un techo determinado por su propia estructura”, insistió el autor.
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Asimismo, el cambio que la autónoma hizo en la tarifa del servicio en septiembre de 2015, que redujo a 35 m3 el umbral de consumo para recibir subsidio, “empeoró la focalización” y dio pie a una distorsión en los precios que a su vez amplió los errores de inclusión y exclusión mencionados anteriormente. “En 2015 alrededor de 1.81 millones de personas no catalogadas en pobreza recibieron el subsidio y representan el 69.3 % de toda la población que recibe el subsidio. Mientras que después de la medida en 2016, la cantidad se aproximó a 1.86 millones de personas implicando el 72.1 % de toda la población subsidiada”, detalla Fusades.
Según Oliva, si bien los hogares con consumos por debajo de 20 mts3 continuaron igual, los principales efectos que tuvo la medida fueron en aquellos con consumos arriba de los 21 mts3 y menos de 35 mts3, que vieron incrementada su factura y disminuido el monto de subsidio que recibían. Por otro lado, los hogares con consumos entre los 35 y los 41 mts3 dejaron de recibir el subsidio; y aquellos hogares con consumo mayor a 41 m3, que no recibían subsidio, vieron también un incremento en la factura.
En ese momento la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres, criticó que el ajuste era “un aumento silencioso” cuyos efectos no se limitarían “a la gente que pueda pagar”, como lo justificó el expresidente de ANDA, Marco Fortín.
Fortín dijo en reiteradas ocasiones que es un impacto para las finanzas de la institución que los hogares de bajo consumo paguen un precio menor por el servicio de agua respecto del costo de producción, porque, al ser autónoma, ANDA no recibe fondos del Presupuesto General de la Nación ni para operar ni para otorgar subsidios, por eso el beneficio es financiado directamente con recursos propios.
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En promedio, el subsidio al agua ha costado $70 millones en los últimos cuatro años y, aunque depende de qué tanto consumen los salvadoreños, se estima que representa un no cobro de alrededor de $6 millones al mes.
Según Fusades, el resultado de la medida “revela que no se avanzó con eficiencia en la focalización del subsidio”, porque se indujo a hogares pobres a recibir menos subsidio o a dejar de recibirlo; si no que racionalizó el consumo que conllevó a una baja en la demanda de agua. “El aumento de la tarifa elevó el valor del agua entre la población, lo que disminuyó en algunos casos el despilfarro y condujo a un mejor uso del recurso. Sin embargo, no parece haber conciencia en la población sobre cuánto asciende el valor económico que el agua debería tener ya”, dijo Oliva.