La directora residente de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, Martha Keays, dijo ayer que a la cooperación internacional le preocupa la imagen de incumplimiento de compromisos que está creando El Salvador, con el atraso en la aprobación de la reforma a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales.
“Han estado patinando desde octubre hasta la fecha; eso no inspira confianza”, dijo la representante en la entrevista matutina de Frente a Frente.
Keays insistió en que no aprobar la reforma ha puesto en riesgo unos $11 millones del Fomilenio II que están programados para el apoyo técnico encargado de estructurar Asocios Público Privados (APP), dentro del componente de Clima de Inversiones.
La vocera de MCC en El Salvador recordó que cuando la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el segundo compacto, se comprometió a hacer todas las reformas necesarias para el efectivo cumplimiento de Fomilenio II.
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El pasado 14 de mayo, la junta directiva de Fomilenio II envió una correspondencia a la Asamblea advirtiendo que la “inacción pone en riesgo toda la actividad de las APP que suma $11 millones, dado que sería la tercera vez que la inversión de la Corporación Reto del Milenio (MCC) en APP se ve interrumpida por falta de interés o compromiso”. En la misiva, Keays destacó que, cada vez más, el atraso supone un “momento crítico para la implementación del convenio”.
Fomilenio II estructuró un proyecto de $19 millones consistente en la iluminación y videovigilancia de 140 kilómetros de carreteras de la red vial prioritaria de 24 municipios y 4 departamentos. Este APP suponía ser el primer asocio público privado en el que la empresa concesionaria asume la responsabilidad de financiar, instalar y mantener la infraestructura y los servicios a cambio del derecho a comercializar la publicidad en el derecho de vía.
Por el momento, en El Salvador, el artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales no permite “la instalación de anuncios o rótulos, dentro del derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía; ni sobre el pavimento de las vías públicas y en todas las obras auxiliares construidas en ellas”. La reforma a la ley ha provocado una negativa de las municipalidades porque pone en juego los intereses que perciben bajo este concepto.