Poco, “a ras” o con un “incremento significativo”, lo cierto es que para algunos economistas, el gobierno sí tiene dinero para pagar la deuda de pensiones.
Y es que mientras el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, insiste en que no hay dinero para pagar, entre otras cosas, la deuda de pensiones; los datos públicos de la entidad registran un incremento de 7.7 % en los ingresos corrientes y contribuciones al Estado, equivalente a $236 millones más que lo recaudado al mismo mes de 2016.
“No tengo los $91 millones para pagar la deuda de pensiones (...) el presupuesto está agotado”, afirmó Cáceres esta semana. El funcionario ha reiterado que las finanzas públicas de El Salvador se encuentran en un deterioro tal que la cuota que el Estado debe pagar a los cotizantes de las AFP, en octubre próximo, que dicho sea de paso no se incluyó en el presupuesto 2017, aún no tiene financiamiento.
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Sin embargo, el economista Luis Membreño señaló que es evidente que hay un “incremento significativo” en la recaudación de impuestos, por lo que la falta de dinero no debería ser una justificación del gobierno para el no pago de sus obligaciones.
“Si los ingresos han crecido como un 6%, ya es significativo, son unos $200 millones más (…) Si el ministro quisiera pagar pensiones podría sacarlo de los flujos mensuales que tiene más de otros ingresos extraordinarios, que siempre hay”, dijo Membreño.
Hacienda misma, a través de su portal de Transparencia Fiscal, detalla que (con datos preliminares) los ingresos corrientes y contribuciones hasta el 31 de agosto sumaron $3,304.5 millones, o sea $236 millones (equivalente al 7.7 %) más que los que obtuvo al cierre del octavo mes del año pasado.
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Acumulando el 83% del total, el IVA y el Impuesto Sobre la Renta fueron los impuestos con mayores aportes a la cuenta de ingresos.
Las declaraciones, retenciones y pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta, que significaron el 42.3 % de los ingresos tributarios, sumaron en conjunto $1,326.2 millones; la cifra es 5.2 % más ($65.4 millones) que la del mismo mes del año pasado.
Asimismo, los datos revelan que otro 40.8 % de los ingresos provino de entre las declaraciones de IVA e importación. Bajo este concepto, el fisco recaudó $1,279.5 millones, unos $43 millones (3.5 %) más que hasta agosto de 2016; aunque la cifra también fue $58 millones menor que la que Hacienda había proyectado recibir.
Por mandato constitucional, Hacienda la entidad encargada de administrar las finanzas del Estado, y según el Artículo 226, está “especialmente obligada a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado”.
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Los representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez y Carlos Pérez, coincidieron en que como “hay muchas cosas qué pagar”, todo es cuestión de prioridades.
“Yo creo que no hay mucho (dinero)”, consideró Rodríguez. “Hay justo lo que se necesita, hay necesidades que no se van a lograr cubrir”, advirtió, Pérez. “Vamos a ras”, dijeron ambos.
Membreño añadió que “si la prioridad fueran las pensiones, es seguro que tiene de dónde sacar el dinero. Lo que necesitaría es nada más es que le autoricen poder hacer el traslado de una partida a otra ”.
Los gastos
Según Cáceres, con el presupuesto agotado, el dinero disponible solo alcanzará para el pago de salarios y aguinaldos al final del año.
El reporte de Hacienda sobre la situación del Sector Público No Financiero (SPNF), actualizado a junio 2017, destaca que por el lado de los gastos, el gobierno desembolsó unos $2,721.2 millones hasta el cierre del primer semestre.
La mayor parte, $2,367 millones, correspondió a gastos corrientes, de los cuales un 70 % ($1,673 millones) fue desembolsado en la partida de consumo que incluye sueldos ($1,198.6 millones) y el pago de bienes y servicios ($474.4 millones).
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Para el corto plazo, el Ejecutivo, que entre otras cosas ya tiene retrasos en el pago de los subsidios a la energía eléctrica, gas, y algunas prestaciones a hospitales y al sistema de salud, también debe cumplir con las pensiones de los jubilados del ISSS e INPEP, que significan otros $40 millones. “El dinero es fungible y sirve para muchas cosas, posiblemente saquemos algo para ahí (pensiones)”, dijo el titular de Hacienda cuando explicó por qué el gobierno decidió vender sus acciones en los ingenios.
Para los economistas, “el ideal” no es que cada tres meses el Ejecutivo deba ir viendo de dónde saca dinero y decidir qué paga y qué no. Coincidieron en que este es un momento oportuno para lograr un acuerdo que permita reformar el sistema previsional y a la vez sea el inicio de la solución de los problemas fiscales.