Faltan 15 días para que el Gobierno comience a pagar los $91 millones que debe a los cotizantes de las AFP y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aún no sabe de dónde sacarán el dinero.
“No tengo los $91 millones para pagar la deuda de pensiones. Los diputados deben ser generosos y aprobar esto ya”, afirmó Cáceres en una entrevista de ayer por la mañana.
El 4 de octubre tiene que comenzar pagando $2,067,924 millones y, para el 20 de ese mes, tiene que haber completado los $91.3 millones que corresponden a capital e intereses de la deuda que el Gobierno ha tomado de los cotizantes a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Si no los paga a tiempo, el país se expone nuevamente a caer en un impago, tal como ya ocurrió en abril de este año.
En abril pasado el Gobierno decidió no pagar unos $56 millones en amortización de deuda a pesar de contar con el dinero. Llegada la fecha límite de pago, Hacienda no hizo nada por cancelarlos y las principales calificadoras de riesgo internacional (Moody’s y Standard and Poor’s) le dieron al país una categoría de “default selectivo” o “impago selectivo”, con lo que la credibilidad del país se vino abajo, al punto de comparársele con el riesgo de deuda de Venezuela o El Congo.
Pero, pese a la lentitud con que se maneja el tema de financiamiento en la Asamblea Legislativa, el ministro Cáceres no cree que el país caiga en otro impago. “Yo espero no caer en otro impago”, dijo el funcionario.
En julio pasado, el Gobierno logró pagar los $47 millones de pago de deuda porque sacó dinero de otras partidas presupuestarias como la de CEPA o la SIGET, con los que completó la cuota del préstamo.
Pero esta vez el ministro reconoce que “el presupuesto está agotado” y que el dinero que está disponible solo alcanzará para el pago de salarios y aguinaldos que se liquidan al final del año, así como otros gastos programados en el presupuesto general.
Eso significa que no podrá sacar más dinero de otras dependencias para obtener, al menos, los $91 millones que necesita para saldar la deuda.
Pago de pensiones
El otro pago que está a la vuelta de la esquina es el de las pensiones para los jubilados del ISSS e INPEP. Son aproximadamente $40 millones que el Gobierno desembolsa cada mes y que, según Cáceres, dependen de la aprobación de unos $260 millones en bonos para los que aún no tiene el aval de los diputados en la Asamblea Legislativa.
Para el dinero de los jubilados, el Gobierno ha ideado un cambio de ley al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que podría prestar dinero a las AFP sin que esto signifique sobrepasar el límite de 45% de emisión de Certificados de Inversión Previsional que exige la ley.
Con esta nueva reforma, las AFP podrían comprar no solo Certificados de Inversión Previsional sino otros instrumentos como bonos y títulos de financiamiento para obtener el dinero que necesita el Gobierno.
Pero, para el abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, este solo es un artilugio con el que se cambia el nombre a las cosas y se le permite al Gobierno seguir tomando dinero prestado de los cotizantes.
Los $260 millones
Los $260 millones para los que el Gobierno necesita su aprobación serían utilizados para varios fines: no solo se tomaría dinero para pagar pensiones de los jubilados actuales, sino que también se tomaría dinero para pagar pensiones de los militares jubilados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). También se pagarían las devoluciones de la Renta y del IVA así como el pago del subsidio a la energía eléctrica a nivel residencial. Sin embargo, el tema no avanza en la Asamblea Legislativa.
Además, técnicamente, aunque los diputados avalaran la emisión de ese dinero, éste no estaría disponible de inmediato. Su costo, además, sería más alto que el se paga actualmente, según han advertido economistas como Manuel Enrique Hinds o Luis Membreño.
Y por si eso no fuera poco también hay vencimientos de deuda de las Letras del Tesoro (Letes) que funcionan como tarjeta de crédito para el Gobierno. Con esto, el país se complica fiscalmente y solo le queda como alternativa aprobar una reforma de pensiones.
La propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones le promete resolver el problema de inmediato, pero Cáceres ha descartado esta posibilidad y mantiene la propuesta de trasladar $5,000 millones de ahorros de los cotizantes de las AFP al Gobierno.