La historia de la represa El Chaparral es una crónica de 10 años de litigios jurídicos y técnicos de un proyecto que en 2008 se vendió como una solución a los altos precios de la energía eléctrica en el país, pero que más bien quedó en un tristemente célebre ejemplo de cómo se pueden tirar $108.5 millones o más en un hoyo.
La obra fue dejada inconclusa por la empresa constructora Astaldi, que insólitamente alegó “imprevistos imprevisibles”, pese a lo cual e inexplicablemente la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le terminó pagando los $108.5 millones como si hubiera concluido siquiera la mitad de los trabajos.
Las investigaciones de la Fiscalía y los supervisores determinaron con el tiempo, además, que la obra se inició en un terreno inadecuado, de lo cual nadie advirtió nada.
El primero en defender el multimillonario pago en 2012, sin embargo, fue el entonces presidente Mauricio Funes.
Pese a todas esas irregularidades, nadie responde ni administrativa ni judicialmente hasta ahora.
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Fue en 2008 cuando el expresidente Elías Antonio Saca y el extitular de la CEL, Nicolás Salume, colocaron la primera piedra del proyecto, en una zona con un suelo inestable y arcilloso donde no podría construirse un proyecto de grandes proporciones, lo que terminaría disparando el costo original del proyecto: $220 millones.
Ya en la administración del expresidente Mauricio Funes, cuando la obra no superaba el 33 % de avance, Astaldi notificó a la CEL que se habían encontrado “imprevistos imprevisibles” en la margen derecha de la montaña donde se asentaría el dique de la presa. Estos, sostuvieron, obligaban a una suspensión indefinida de los trabajos.
Los problemas se agravaron, según los informes que presentó Astaldi en 2011 a la autónoma, por la tormenta Agatha en mayo de 2010, hechos que obligaron a la constructora a paralizar los trabajos.
Fue este el primer factor que cambió el curso del proyecto porque obligó a CEL a debatir con Astaldi sobre el futuro de la obra, a pesar de que el contrato que ambas partes habían firmado era “llave en mano”, es decir, que no se podían hacer modificaciones ni pagar costos adicionales y que el contratista italiano tenía que entregar la central hidroeléctrica, asumiendo costos y nuevos diseños.
Luego los auditores de la Corte, en su informe final, descartaron las irregularidades.
En toda esta historia los anteriores asesores legales de CEL, Curtis, Mallest-Prevost, Colt & Mosle, no recomendaron a la junta directiva de la autónoma hacer un arreglo directo con Astaldi, si no que le advirtieron que debía hacer cumplir el contrato que exigía la entrega de la represa El Chaparral totalmente concluida, sin el pago de sobreprecios o, en su defecto, iniciar un arbitraje internacional para superar el desacuerdo.
Ya en 2014, cuando llegó la nueva administración de CEL encabezada por David López Villafuerte, la decisión fue revisar todos los procesos que se habían hecho entre 2009 y 2014 y mover el dique de la presa 670 metros arriba de su ubicación para evitar los problemas geológicos, manteniendo la misma zona de la casa de máquinas y otras obras civiles relacionadas con la turbina y los canales de conducción de agua para la generación de energía eléctrica.