Desde que el exfiscal general de la República, Luis Martínez, anunció a mediados de 2013 que realizaría una investigación sobre el caso de la presa El Chaparral, a la fecha aún no hay respuestas sobre la investigación hecha por el Ministerio Público, sobre todo en el pago de $108.5 millones de CEL a la empresa italiana Astaldi y otras posibles irregularidades que ocurrieron cuando la autónoma era presidida por Leopoldo Samour.
Hasta ahora el único avance fue el de un equipo de geólogos contratado por la Fiscalía General que, en octubre de 2014, dijo que el suelo en el que se comenzó a construir el proyecto no era suficientemente sólido y que, a pesar que era del conocimiento de los contratistas, la obra se realizó hasta llegar a un 32 % de avance.
“Hay estudios sobre eso (terreno desfavorable), que existen desde hace varios años y que indiscutiblemente ya advertían de que esa zona no era la apropiada para construir, no se necesita ser muy experto para ver la solidez de esa montaña”, dijo Martínez, quien actualmente esté en prisión, mientras se desarrolla un proceso judicial en su contra.
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Pero cuando inició su período, el actual fiscal general, Douglas Meléndez, dijo que el proceso de investigación sobre El Chaparral lo había encontrado “engavetado” y que reactivaría las indagaciones.
“Este caso de El Chaparral es uno en los que estamos trabajando ahorita y que hemos reabierto porque estaba archivado en nuestros expedientes”, afirmó en abril de 2015 el Fiscal.
Ya en 2016, Meléndez aseguró que la investigación era más compleja y que se realizaría una depuración porque todo lo que había hecho su antecesor tenía deficiencias.
“La investigación de El Chaparral, lamentablemente, no había sido bien depurada, lo que hemos hecho es volver a reactivar la investigación”, afirmó Meléndez en junio de 2016 cuando presentó su informe en la Asamblea Legislativa.
El Diario de Hoy buscó al Fiscal General para que abordara el tema pero no quiso hacer comentarios y responder las preguntas al respecto.