La defensa del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y del abogado ambientalista Alejandro Antonio Henríquez, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), un procedimiento abreviado tras seis meses de detención de los líderes comunitarios. 

“Se trata de una salida que se está buscando viendo que los parámetros legales no están funcionando en este caso y que se trata posiblemente de la única manera en que Alejandro y el pastor puedan estar donde deben estar por ser personas inocentes: en libertad con su familia”, señaló Oswaldo Feusier, abogado.

El presidente de la cooperativa y el abogado fueron detenidos el 12 de mayo pasado, tras haber participado en una manifestación para pedir la intervención del presidente Nayib Bukele ante el inminente desalojo de la comunidad. Seis meses después, y pese a llamados internacionales de organismos como Naciones Unidas, no se les ha permitido ver a sus familiares.

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La defensa detalló que la supuesta evidencia presentada por las autoridades “hace reforzar la inocencia de ellos, pero en un contexto donde el derecho está fallando” esta medida se debe interpretar como una salida legal “no quiere decir que ellos sean culpables, sino confiesen los hechos que le está imputando la Fiscalía y sea el juzgado quien decida si son culpables o inocentes”, dijo Feusier.

De forma inmediata las autoridades correspondientes no han brindado una respuesta a esta solicitud. 

En ese sentido, una fuente allegada al proceso comentó que la Fiscalía no se ha pronunciado.

Con este proceso los detenidos corren el riesgo de que “si a partir de esa resolución se da una condena, legalmente ellos quedarían con antecedentes penales. Si se da una absolución, ellos no quedarían con esos antecedentes penales”, que puedan afectarles a futuro, dijo la defensa a El Diario de Hoy.

Los mecanismos legales presentados durante este periodo no obtuvieron una respuesta positiva, incluyendo una habeas corpus. 

“El derecho no está funcionando, sino que la motivación política es lo que está detrás de lo que hace funcionar este caso de la cooperativa El Bosque. Es un caso grave y con un mensaje de lo que puede pasar si se manifiestan, pasar mínimo seis meses detenidos sin recursos que funcionen, para generar miedo en las personas por que se les aplique el régimen de excepción y ser capturadas arbitrariamente”, indicó Feusier previamente. 

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Si las autoridades brindan una respuesta favorable “ellos quedarían inmediatamente en libertad, como debió de ser el 31 de mayo y como debería de estar ellos en estos momentos incluso a consecuencia de la audiencia especial de revisión de medidas que se promovió”, agregó la defensa. 

Pero el abogado sostiene que también existe el riesgo que una vez hecha la confesión requerida por las autoridades “ellos podrían quedar en el peor de los casos, con una detención provisional que se alargue en el tiempo. Estamos hablando con trámite de recursos de 2 a 3 años, puede ser un proceso con una detención provisional extendida por una apelación e incluso por una condena que podría llegar hasta los 10 años de prisión”, concluyó.