Veinte meses han transcurrido desde que la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de Oriente tiene en su poder una apelación sobre el proceso judicial en contra del exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora.

En diciembre de 2023, la jueza Mirtala Portillo giró una orden de captura en su contra por el delito de encubrimiento personal en el «Caso El Mozote», por haber aprobado la Ley General de Amnistía.

Tres meses después, la jueza de Gotera dejó sin efecto la orden de captura. Actualmente, Zamora tiene medidas alternas a la detención, como no poder salir del país sin permiso judicial.

Miguel Girón, abogado del exdiplomático, aseguró que presentaron la apelación porque según ellos este juzgado no tiene jurisdicción y tampoco competencia para conocer sobre el proceso, ya que los hechos, sí es que existiera delito, habrían ocurrido en San Salvador y no en Morazán. 

«Claramente señala la jueza de Gotera que el delito de encubrimiento que ella dice que se ha cometido ocurrió al aprobarse y discutirse esta Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, que es la ley que se aprobó el 20 de marzo de 1993», dijo Girón. 

También han apelado por la falta de jurisdicción del juez porque, según el abogado, el artículo 125 de la Constitución de la República detalla que ningún diputado tendrá responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan.  

«Esto está recogido en el Código Penal de 1974, que es el que se está aplicando y también en ese código se dice que no hay jurisdicción de los jueces para poder seguir juicio penal en virtud de esa disposición constitucional», dijo el defensor. 

Voto contra la amnistía

La defensa del exdiplomático presentó ante la Cámara de Oriente una documentación enviada por la Asamblea Legislativa, con la que pretenden establecer que no hubo participación de Zamora en el supuesto caso de encubrimiento. 

Según ese informe, la iniciativa de la Ley de Amnistía no fue llevada por Zamora y, según las actas de la Asamblea, el exdiputado se opuso a la referida normativa. 

“Tenemos contabilizado el voto en contra del grupo parlamentario al que pertenecía el doctor Zamora,  incluyéndolo a él, y tenemos el decreto firmado por la directiva de aquel entonces de la Asamblea en donde no aparece la firma de él”, dijo Girón. 

“La cámara ya tiene la documentación  de la Asamblea, entonces pueden decir que no se pronunciara sobre eso y entonces lo va a tener que hacer la jueza. Y como eso ya ni siquiera es discutible, porque ahí están los documentos ni siquiera son documentos escondidos, sorpresivos, son documentos que siempre han estado ahí, pero que ella, la jueza, no quiso pedirlos”, añadió.

Zamora es acusado del  supuesto delito de encubrimiento personal a favor de varios militares  a quienes les imputan  la “Masacre de El Mozote» y lugares aledaños, ocurrida en 1981. Si es encontrado culpable podría ser condenado a penas que oscilan entre los seis meses a los seis años de prisión.