“Burlados”. Así es como dijeron sentirse decenas de ciudadanos que salieron sorteados para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o mesas de votación en los comicios de este domingo, pero a quienes finalmente no se les permitió ejercer el cargo.
Según denunciaron, sus puestos fueron ocupados por gente vinculada a partidos políticos y criticaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el fiasco que se llevaron.
“Adquirimos compromisos para estar acá y no podemos participar en el proceso. Es una situación muy delicada porque somos de las JRV; nos juramentaron pero nuestra labor no está siendo cumplida”, denunció Mabel Amaya Chicas.
Ella, junto a más de una decena de personas, fue escogida para formar una de las nueve mesas receptoras del Instituto Nacional de los Deportes de San Salvador (Indes). Estaba previsto que en este lugar votaran 5,400 capitalinos.
Esta fue la primera vez en la historia de las elecciones del país que el TSE requirió de más de 40 mil personas sin afiliación partidaria para integrar las mesas de votación, unos propuestos por partidos y otros elegidos por sorteo hecho por el Tribunal.
La escena que vivió Mabel se repitió en otros centros de votación, la mayoría en el Área Metropolitana de San Salvador, aunque también hubo casos en otros departamentos del país.
En el caso del Indes, los ciudadanos capacitados llegaron entre las 4:00 y 4:30 de la madrugada para recibir su credencial, pero no se las entregaron.
En las charlas les explicaron que a las 5:00 de la mañana debían ingresar para formar las mesas; una hora después debían estar emitiendo el voto y a las 7:00 tenían que recibir a los electores. Sin embargo, a esa hora continuaban en la calle, molestos y esperando que les dieran respuestas.
Fue hasta las 8:00 de la mañana que la Junta Electoral Municipal (JEM) de San Salvador les entregó un trozo de papel que decía que habían llegado al centro de votación, pero no participaron en las JRV. Supuestamente esa constancia los exonerará de multas. Los afectados, tras emitir su voto, se marcharon.
Esas irregularidades hicieron que el centro de votación abriera las puertas con una hora y media de retraso.
Un representante del JEM destacado en el Indes explicó que el TSE no envió las credenciales de los afectados y ese era un problema que él no podía resolver. Y manifestó que los roles de la gente que no fue acreditada por el TSE fueron asumidos por “personas que estaban como posibles elegidas”, quienes no contaban con ninguna credencial, sino que solo les revisaron el DUI (Documento Único de Identidad) para verificar que residían en el municipio.
Cuando se le preguntó por qué no le dieron prioridad a quienes estaban capacitados respondió: “Ya vinieron tarde. Teníamos que montar las mesas a las 5:00 que abrimos y no podíamos estar esperando, por eso agarramos a los posibles elegibles”, argumentó.
Ciudadano: “Fue una farsa”
“Siendo bien pensados, esto es una mala organización. Siendo mal pensados, creo que fue una farsa todo este asunto; era solo para guardar las apariencias y ya tenían todo arreglado”, señaló Érick Monzón, quien también debía integrar una mesa en el Indes y no lo dejaron.
Él y sus compañeros estaban indignados porque, según explicaron, el TSE les hizo perder tiempo al obligarlos a capacitarse; luego regresar a pedir sus credenciales sin que se las dieran y reclamar en el banco, en vano, los $10 de alimentación que les adelantarían.
“Ver que a las 5:00 de la mañana dejaron entrar a una barbaridad de gente de los partidos y no a nosotros que estábamos desde antes: aquí hay fraude”, reprochó otra de las afectadas.
Según ellos, la carta donde les notificaban que salieron sorteados para integrar la JRV “no era tan amigable”. En ella les advirtieron que, de no participar en el proceso, podían ser multados con entre $25 y $114. También se les inhabilitaría por cinco años para poder tramitar la licencia de conducir y el pasaporte.
Otro caso. En el centro de votación instalado en la escuela Fabio Castillo, de Ilopango, vigilantes de partidos políticos integraron una de las mesas de la votación. Mientras que en el Centro Escolar Alejandro de Humboldt, de Ahuachapán, se recibió a los votantes una hora después de lo previsto, porque en algunas de las mesas hubo duplicidad de cargos, debido a que el TSE emitió credenciales con igualdad de funciones, según se constató.
En otros departamentos
Mientras que en San Miguel, entre seis y siete miembros de JRV instalados en el Complejo Educativo Fe y Alegría, en el municipio de San Miguel, se presentaron con credenciales cuyo nombre y fotografía no correspondían a la persona que las portaban.
Wilson Galeas, representante de la Junta Electoral Departamental (JED) de San Miguel, le achacó la culpa al TSE. “Esto es error del TSE, porque hay personas que sí cumplieron con la capacitación, cumplieron con los requisitos, pero la credencial vino equivocada. Estamos hablando de un número significativo”, explicó.
A esto se sumó que dos personas de un mismo partido político integrarían una misma JRV. “Pienso que es que algunos partidos aprovechan la ausencia de personas de la JRV que no vinieron a tiempo, eso no es correcto y se ha tenido que retirar”, comentó Galeas.
El candidato a alcalde para San Miguel por el PDC, Orlando Ulloa, aseguró que los integrantes de mesas propuestos por su partido para un centro de votación recibieron credenciales asignados a otro centro de votación en zonas alejadas de su lugar de residencia.
Y Miguel Pereira, actual alcalde y candidato a la reelección en el cargo por el FMLN, también se mostró inconforme con la entrega de credenciales por parte del Tribunal.
TSE justifica la decisión, pero Fiscalía y PDDH la cuestionan
El presidente del TSE, Julio Olivo, justificó en una conferencia que ciudadanos que estaban en el “banco de elegibles” podían ser llamados en caso de que hubiera algún problema en una JRV y que de no atender el llamado serían multadas.
Según el magistrado, el TSE podría pedir a la Asamblea Legislativa que emita un decreto para que se exima de responsabilidades a quienes “por X o Y” razón no fueron llamados a integrar las JRV.
Ante ello, el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que la institución “dará seguimiento” a los casos y señaló que el TSE debe dar explicaciones. También la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, cuestionó al TSE por integrar las mesas con personas propuestas por los partidos y dejar fuera a ciudadanos elegidos en sorteo.