Candidatos a CSJ ofrecen acabar con la mora judicial

Este fue uno de los temas que se abordaron en un conversatorio entre aspirantes a la Corte, que organizó el Movimiento Libertad. Coincidieron en que hay leyes obsoletas.

descripción de la imagen
Foto EDH/Cortesía

Por Rafael Mendoza López

14 June 2018

Terminar con la mora judicial y hacer más expedito el trabajo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es uno de los puntos que cinco de los 30 aspirantes al órgano Judicial ofrecieron el martes, durante un conversatorio organizado por el Movimiento Libertad.

Una de los proyectos que el aspirante y abogado Carlos Sánchez ofrece impulsar es un pliego de reformas a las leyes Orgánica Judicial y de la Carrera Judicial, con miras a eliminar la mora judicial.

“La mora judicial es difícil de cortar. Tenemos muchos casos en todos los ámbitos y tenemos pocos jueces, el porcentaje de jueces en el país es poco”, consideró el profesional del Derecho.

Y es que el tema de los plazos para emitir resoluciones judiciales, de acuerdo con el abogado Aldo Cáder Camilot, es otro de los aspectos que pone en aprietos a la Corte para que haya rezago judicial.

“Algo que creo que debe implementarse son los plazos en las leyes, porque algunas leyes no tienen todo los plazos cubiertos. De qué me sirve que se regulen más adelante plazos, si puedo tomarme seis meses para admitir una demanda”, manifestó el postulante.

Le puede interesar: Corte Suprema solicitará a Fiscalía investigar a Nayib Bukele por supuesta evasión de impuestos

Según sostuvo, aunque es un tema que obligaría a los juzgadores a sujetarse a un plazo, es necesario hacer reformas a la Ley Procesal Constitucional con miras a establecer dichos plazos.

De hecho, la exmagistrada de la CSJ y aspirante, Rosa María Fortín, le dio la razón a su colega, al señalar que en los juzgados, cuando ejerció como jueza, existía sobresaturación.

“Nos dimos cuenta que había una sobresaturación. Los casos los veíamos de manera colegiada y era imposible salir con todos los plazos”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que es necesario que la Corte verifique si cada una de las jurisdicciones cuenta realmente con el número de jueces necesario.

Para Luis Lovo Castelar, abogado constitucionalista y postulante al cargo de magistrado, la tecnología también es clave, pese a que la oralidad, donde los juicios siguen siendo a viva voz, sigue siendo el mejor sistema.

A juicio de la abogada Marina Marenco de Torrento, es necesario que la Corte actúe en algunos aspectos, como hacer más eficiente su presupuesto, que por ley es del 6% del Presupuesto General de la Nación.

“En esto creo que hay varios mecanismo o varias cosas para ir combatiendo este fenómeno que contraría el lema de pronta y cumplida justicia. Es importante cómo invertir los recursos en la Corte Suprema, creo que la Corte tiene el mejor presupuesto, pero a veces advierto una inadecuada distribución de los recursos, no solo los económicos sino los recursos humanos”, manifestó la abogada.

Mejorar Sección de Probidad

Los postulantes al cargo de magistrados coincidieron, por otro lado, en que es necesario fortalecer a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que realice un trabajo con más facilidades.

“La ley es bastante antigua, establece este régimen de control con una gran cantidad de funcionarios, entonces hay que saber filtrar. Si hay algún indicio debe iniciar el trabajo de investigación”, manifestó el abogado Carlos Sánchez.

Lea además: Ciudadanos podrán hacer preguntas a candidatos CSJ

En ese sentido, el abogado Luis Lovo Castelar destacó que el trabajo de la Sección de Probidad es vital para determinar si los exfuncionarios han tenido un incremento en su patrimonio de forma ilícita.

“El tema de probidad es realmente vital porque es un medio adecuado para establecer si se dio el fenómeno de corrupción por enriquecimiento ilícito”, señaló.

Para la candidata Marina Marenco de Torrento, todos los funcionarios tienen que estar conscientes de que tendrán que rendir un informe sobre sus finanzas al finalizar su período.

“Debemos llevar una contabilidad de nuestra actividad patrimonial porque sabemos que vamos a dar un informe a la hora de terminar nuestra gestión. Hay que trabajar mucho en cuestión de probidad, pero la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los fondos”, aseguró la abogada.